A sólo cuatro años de la sanción de la ley de promoción de las carnes, el gobierno nacional ha decidido proponer una sustancial modificación referida, por un lado, a la extensión de su aplicación a la mayoría de las especies que componen el ganado nacional, y por otro a la composición de la dirigencia que habrá de administrarla.
Se recordará que, luego de extensos debates y de la concurrencia de dirigentes de las entidades nacionales a distintos congresos y conferencias mundiales en las principales naciones ganaderas durante 15 años, se coincidió en la conveniencia de aplicar estos sistemas de promoción de producción y comercialización de ganados y carnes. El éxito logrado por su utilización en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, naciones europeas y, en menor medida, Uruguay, dejó a nuestra ganadería sin proyectos para acometer programas competitivos que continúan, aunque por otras razones, resignando posiciones en todo el mundo.
La reforma anunciada contiene por lo menos dos importantes temas para la discusión: ¿necesita nuestro país promover un mayor consumo de carnes, cuando el de las vacunas, salvo excepciones, viene siendo el más alto del mundo? Y ¿es necesario hacerlo ahora, que por el formidable crecimiento de las carnes de aves suma 120 kilos por año y por habitante, cuando se computan los consumos de todas las especies? En verdad, el consumo ya está entre los más altos del mundo.
Al análisis debe sumarse lo referente a las misiones y funciones de las instituciones que han de administrar el nuevo organismo. Se advierte aquí un claro propósito de acrecentar la intervención estatal, continuando de esta manera una perjudicial política. Un ejemplo lo muestra el hecho de que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna se reservó cuatro representantes de la producción que constituyen la Comisión de Enlace. El proyecto de ley no menciona la participación de las citadas entidades en el Consejo de Representantes, que gobierna el Instituto. Por el contrario, la modificación de la norma impulsa una mayor participación estatal en ese Consejo, que aumenta de uno a cuatro los representantes al agregar los del INTA, la Senasa y las provincias.
Se procura, asimismo, una mayor intervención estatal en la Asamblea de Representantes, cuya principal función consiste en tener a su cargo el presupuesto y las cuentas del instituto. La presidencia de la entidad, que con la ley actual reposa en un productor rural, quedará en manos del Ministerio de Agricultura.
Como queda dicho, se sumará a las funciones de la institución la promoción de las carnes vacunas, las de aves, cerdos, ovinas, caprinos y tal vez otras que emerjan de la discusión parlamentaria, que como todo parece indicar, tendrá su carga demagógica.
De lo expuesto surge que lo mejor sería dejar estas inquietudes para la próxima administración. El Gobierno tiene hoy demasiados problemas de los que ocuparse como para tener la serenidad que requiere el diseño de nuevos proyectos para los cuales no ha demostrado hasta ahora ninguna capacidad.
