Ya no caben dudas: los fiscales comandados por Alejandra Gils Carbó formarán parte esencial de la estrategia kirchnerista para garantizar impunidad a funcionarios, ex funcionarios y allegados en la enorme cantidad de casos de corrupción que cada vez los comprometen más.

Por un lado, el proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal, impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, propone un cambio sustancial, al propiciar un sistema de tipo acusatorio, en el que los fiscales y no los jueces serán quienes lleven adelante las investigaciones, mientras que los magistrados, antes de dictar sentencia, tendrán que garantizar la transparencia del proceso y los derechos de los involucrados en las causas.

Pero por otro lado, y para reforzar el nuevo y decisivo papel que tendrán los fiscales, el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Senado una lista de candidatos a ocupar nuevos cargos fiscales y en la nómina se destacan varios de probada fidelidad al kirchnerismo, característica que preocupa a la oposición y a las organizaciones no gubernamentales que velan por la independencia de la Justicia.

Al mismo tiempo, y en la misma línea, el Gobierno decidió fortalecer aún más al organismo del que dependen los fiscales, la Procuración General de la Nación, y a su titular, la doctora Gils Carbó, de probada obsecuencia ante las apremiantes necesidades del Gobierno en materia judicial.

Así, se supo que la Procuración tiene la intención de comprar ocho edificios en la ciudad de Buenos Aires y que, para ello, se emplearán parte de los 2671 millones de pesos que el presupuesto 2015 asignó a la Procuración y que representan un 54 por ciento más que lo asignado para el corriente año. También se han creado en la Procuración 60 cargos nuevos, algunos de ellos vinculados con un laboratorio del organismo que se construirá en el partido bonaerense de La Matanza para realizar análisis biológicos, genéticos y balísticos.

El poder del que estarán investidos los fiscales será mucho mayor del que tienen actualmente, mientras que los jueces perderán mucha gravitación en el proceso.

Los cuantiosos fondos destinados a la Procuración, y la facultad de nombrar nuevos empleados e intervenir en la selección de los candidatos a fiscales, otorgan un enorme poder a Gils Carbó dentro de organismo que dirige. Poder que, inevitablemente, servirá para encolumnar tras de sí las voluntades de los fiscales y lograr su acatamiento a las directivas que respondan a las necesidad del Poder Ejecutivo.

El hecho de que se cayera el jury de enjuiciamiento promovido por Gils Carbó contra el fiscal José María Campagnoli por investigar al empresario kirchnerista Lázaro Báez, si bien auspicioso para la independencia judicial, no debe llamar a engaño, pues el fracaso no hizo mella en el creciente poder de la procuradora general.

Desde que asumió en reemplazo de Esteban Righi en 2012, Gils Carbó no ha cesado de actuar para aliviar los crecientes apuros judiciales del Poder Ejecutivo. A poco de asumir, disolvió la unidad fiscal contra el lavado de dinero, que estaba a cargo del fiscal federal Raúl Pleé, y la reemplazó con otra unidad fiscal, llamada Procelac y dirigida por el fiscal Carlos Gonella, quien saltó a la notoriedad por incumplir con su obligación de acusar a Báez en una de las causas que lo comprometían.

En la lista de candidatos a nuevos cargos fiscales enviada por el Poder Ejecutivo al Senado, legisladores de la oposición han identificado a algunos que responderían al perfil de Gonella. Por ejemplo, Pablo Camuña, denunciado por el senador radical Gerardo Morales por violación de los deberes de funcionario público porque procedió a archivar un sumario en el que se investigaba al jefe del Ejército, general César Milani, por presuntos excesos en la represión de los años 70. Camuña es propuesto como fiscal ante los juzgados federales de San Miguel de Tucumán.

En síntesis, si se cumplen, como todo parece indicar, los deseos del gobierno nacional, las causas más importantes del país y no sólo las de corrupción dependerán de la voluntad que tengan los fiscales para investigar, o de las directivas que reciban de su jefa.

Quienes en estos días, en que se debate en el Congreso la reforma del Código Procesal Penal, han elogiado sin reparos el paso del sistema inquisitivo al acusatorio no han advertido en qué contexto se producirá el cambio ni a qué apunta en realidad. Es triste leer las defensas del proyecto que esgrimen esos especialistas, y al mismo tiempo es inevitable plantearse si a algunos de ellos los mueve una ingenuidad difícil de justificar a estas alturas, o si en realidad son otros los intereses que defienden.