La ley fue aprobada en el Senado, después de once horas de debate, con 38 votos a favor y 28 en contra, y las abstenciones del radical catamarqueño Oscar Castillo y de la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucía Crexell. En la madrugada del 29 de octubre fue convertido en ley por la Cámara de Diputados con 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención. La ley otorga prórrogas de prórrogas de forma directa, sin ningún tipo de licitación ni control de todos los bloques petroleros de la región de Vaca Muerta, por los próximos 35 años: los que tienen yacimientos pueden quedarse hasta el 2065.
Una nueva Ley de Hidrocarburos debería complementarse con modificaciones de base en la política energética que permitieran superar la crisis que el país atraviesa en la materia, y este no es el caso. Argentina tiene un déficit de balanza energética de 7.000 millones de dólares, reconocido por las propias estimaciones oficiales, y los subsidios a la energía estarán en alrededor de 12.500 millones de dólares.
Contra lo que el propio “relato” afirma, la ley inhabilita el ingreso de nuevos jugadores, por lo que no atrae inversiones extranjeras; garantiza, sin control ni límite, la extensión casi automática de todas las licencias de explotación de los yacimientos, y no pone límites para que una misma firma tenga infinita cantidad de áreas de explotación simultáneas, legaliza el decreto con Chevron, no establece diferencias en las regalías y plantea un porcentaje general en torno al 12%, igual para todas las áreas y productos, porcentaje que según los especialistas debería variar de acuerdo al tipo de explotación y la calidad de materia prima que se extrae.
“Se está definiendo la política energética para las próximas dos generaciones”, dice Daniel Montamat, ex secretario de Energía. En Estados Unidos las concesiones son de cinco a diez años de plazo, aunque existen cláusulas de extensión: si es un “sweet spot” (yacimiento de alto rendimiento) el contrato es de uno a tres años.
La ley generará más Chevron. “Un área como la otorgada a Chevron tiene 400 km2, es grandísima”, afirma Jorge Lapeña. Se están invirtiendo 2.000 millones de dólares en 20 km2. Si esta prueba es factible, se van a necesitar 16.000 millones de dólares. Para entender de qué estamos hablando, YPF, nuestra empresa de bandera, vale 10.000 millones”. Se vienen Chevron 2 y Chevron 3. “Ni la Nación ni las provincias podrán participar en contratos secretos”, opina Montamat.
“La Ley de Hidrocarburos promueve el capitalismo de amigos, lesiona intereses provinciales y expresa mayorías parlamentarias circunstanciales de mandatos que se agotan”, afirman en un comunicado conjunto Emilio Apud, Julio César Araoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, todos ex secretarios de Energía.
A la hora de explotar el petróleo, ¿cuál ha sido la conducta de otros países de la región? El 12% de la ley argentina contrasta con el 82% del Estado boliviano. Desde el 1° de mayo de 2006, cuando Evo Morales decretó la estatización definitiva de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia, YPFB se queda con el 82% y las petroleras con el 18%. Las empresas han declarado que aún en esas condiciones el negocio de explotación sigue siendo rentable. PetroEcuador ha renegociado las concesiones a empresas privadas para que el Estado se quede con una mayor porción de la renta, lo que provocó que la estatal brasileña Petrobras se retirara del país; también renegoció los contratos con la venezolana PDVSA. Venezuela, en tanto, controla los hidrocarburos del país a través del ministerio del Poder Popular y de PDVSA, y cuenta con las reservas de petróleo y gas más grandes del hemisferio occidental; allí las empresas privadas son socios minoritarios. Petrobras es una empresa brasileña semipública de propiedad mayoritariamente estatal que cotiza en Bolsa y que tiene, a la vez, participación extranjera privada. Es la mayor compañía de América latina, superando a PEMEX y a PDVESA, y la cuarta empresa petrolera mundial de capital abierto. PetroEcuador controla toda la producción nacional, y PEMEX tiene exclusividad para operar la industria en México.
Aquí, los amigos del kirchnerismo tendrán, hasta 2065, la vaca atada.
Investigación: JL/María Eugenia Duffard/Marcela Pagano
