En las postrimerías de su ciclo, Cristina Kirchner tiene dos grandes preocupaciones: demostrar que conserva intacto su poder, evitando todo proceso de evaporación de su capacidad de mando, y blindar su retirada, algo que podría traducirse en un seguro de impunidad para los próximos años.
Una forma de garantizarse este objetivo sería condicionando al próximo presidente de la Nación por medio del bloque de legisladores nacionales que seguirían siendo fieles a Cristina después de diciembre de 2015. El canje de gobernabilidad por impunidad es una alternativa posible, pero no suficiente.
Otra manera de ver consagrada la impunidad hubiera sido por medio de la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo el año pasado y que fue parcialmente frenada por la Justicia. Como no pudo imponerla, el oficialismo ha encontrado una opción en el intento de colonización del Ministerio Público, que hoy depende de Alejandra Gils Carbó. Detrás del proyecto de nuevo Código Procesal Penal, se halla la posibilidad de designar a 17 nuevos fiscales generales y a unos 1700 empleados que difícilmente no provengan de las filas kirchneristas.
Hay bastante coincidencia en sectores de la oposición en que fortalecer al Ministerio Público y hacer que los fiscales investiguen y los jueces juzguen es razonable. Siempre y cuando tengamos una estructura de fiscales independientes y no dominados por el poder político.
No son las únicas señales de la inquietud del gobierno kirchnerista por cubrir su retirada. En las últimas horas reapareció en la quinta de Olivos y en el Ministerio de Justicia el debate sobre la posibilidad de volver a aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. La idea de romper el equilibrio del máximo tribunal en favor de una clara mayoría para el actual partido gobernante viene desde junio del año último, cuando el Poder Ejecutivo presentía que su proyecto de elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura iba camino a ser declarado inconstitucional, como efectivamente sucedió. Lo más curioso es que, tiempo antes, la propia Cristina Kirchner había resuelto reducir a cinco el número de jueces de la Corte, pensando que eso le iba a convenir. Hoy, ante la perspectiva de que se irá Eugenio Zaffaroni y de que quedarán en el alto tribunal cuatro jueces que mayoritariamente han mostrado independencia del Gobierno, la situación es distinta. Así, hasta la integración de la Corte se transformó en una variable pasible de ser ajustada en función de las necesidades del partido gobernante, en una nueva muestra de los permanentes cambios de las reglas de juego.
Si bien nada le impediría al kirchnerismo sancionar en el Congreso una ley que eleve de nuevo el número de miembros de la Corte, no tendrá los dos tercios de los senadores para designar a los jueces que la Presidenta pretenda imponer.
Aun así, el gobierno cristinista logró algo no menor en las últimas semanas. Volvió a controlar la agenda pública con sus éxitos legislativos y con sus amenazas de aplicar la ley antiterrorista a distintos grupos económicos. Un camino no exento de pasos en falso, como los dados por el titular de la AFIP al referirse a las relaciones entre la Presidenta y Lázaro Báez, y al tratar de minimizar el escándalo de facturas apócrifas, revelando que habría unas 1200 empresas investigadas por igual motivo. Una forma de decirnos que si en definitiva todo el mundo es corrupto, aquí no hay corrupción.
