"¡No sabés las caras que pusieron Kicillof, Vanoli y Capitanich cuando les dijeron que no!", dijo una fuente del mercado de granos cuando relató la reunión que mantuvieron los funcionarios con directivos de Ciara-CEC a quienes les habían pedido que adelantaran el ingreso de US$ 1500 millones correspondientes a la cosecha de soja. Acostumbrados a otro tipo de respuestas, los rostros adustos de los funcionarios no hacían otra cosa que reflejar la imagen de la realidad. No era una cuestión ni ideológica ni de mala voluntad de los directivos de las cámaras de exportadores e industriales, simplemente no habían logrado el consenso entre sus asociados para llegar a una propuesta común. A los directivos locales no les dio un súbito ataque de rebeldía. En las casas matrices de las compañías exportadoras que deben negociar con los bancos la financiación de sus compras se cansaron de tolerar la excepcionalidad argentina. Si no hay grano para originar, ¿por qué tengo que adelantar los dólares?, se preguntaron.
Como sucedió con los barcos con GNL que no entran a puerto hasta que no se les cancelen las deudas o la decisión de General Motors de Brasil de no exportar autos a la Argentina hasta que el gobierno no autorice el pago de los dólares adeudados, hubo algún CEO o gerente financiero que dijo "no". Ahora el Gobierno pasará "la gorra" por las empresas cerealeras que han dicho que sí.
El curioso episodio muestra que cuando la confianza se corroe, las amenazas, las presiones y los gritos no alcanzan para restituirla. En enero pasado los exportadores habían adelantado el ingreso de US$ 2000 millones en un contexto diferente. El Gobierno se encaminaba a resolver los litigios pendientes con el Ciadi, Repsol y el Club de París. Le quedaba cerrar el capítulo de la deuda. Tras el fallo negativo de la justicia norteamericana, volvió el "vamos por todo". Por eso reviven los proyectos para crear una agencia estatal de granos. En el imaginario de vastos sectores del kirchnerismo la consigna de "nacionalizar el comercio exterior" suena como música para sus oídos. Sin embargo, en términos prácticos, una compañía estatal de granos tendría que recurrir para financiar la compra de la cosecha y venderla a los compradores externos a los mismos protagonistas que hoy denuesta: los bancos y los exportadores de granos.
En vez de recurrir a recetas del pasado, el kirchnerismo desperdició oportunidades para crear un contexto favorable en el que surgieran productores o cooperativas locales dispuestos a expandirse en el eslabón comercial de la cadena. Empresas y grupos como Los Grobo, El Tejar, MSU, entre otras, podrían haberse convertido en poderosas multinacionales de haber tenido reglas estables y un gobierno que apoyara y no hostigara al campo. La contracara es Brasil, que, con un gobierno al que difícilmente se lo pueda acusar de "neoliberal", apoyó la expansión internacional de sus compañías de alimentos, como JBS, Marfrig o Brasil Foods, entre otras. Aquí, en cambio, vieron al agro como enemigo político a vencer y proveedor de recursos para engrosar el gasto público. Esta última idea, arraigada en el kirchnerismo puro, parece extenderse al sciolismo. La decisión del gobierno bonaerense de incrementar en un 30% el inmobiliario rural a partir de 2015 se inscribe en esa idea. Desde La Plata argumentan que el tributo no se actualiza desde hace dos años. Sin embargo, la dirigencia rural responde que la caída de los precios de los granos, las restricciones comerciales que impone el gobierno nacional y la elevada presión impositiva, agravada por el revalúo de 2012, dejan a la producción en una situación vulnerable.
80%
En Córdoba
Ese porcentaje del área sembrada con el cereal se encuentra entre bueno y muy bueno.
