El fiscal penal José María Campagnoli pidió que sean elevados a juicio varios ex directores de La Rural y solicitó que el predio de Palermo sea entregado a la Ciudad de Buenos Aires, a la que también le pidió que anule los registros de los planos de obra de las construcciones allí realizadas.
Sin embargo, uno de los abogados de la SRA, el ex camarista Jorge Valerga Aráoz, dijo que "no fue notificado de ese planteo", y explicó que "sería técnicamente incorrecto, porque los procesamientos todavía no fueron revisados por la Cámara de Apelaciones y porque no es el momento procesal para hacer ese tipo de planteos".
Campagnoli también solicitó que se anule el préstamo millonario que la entidad agropecuaria obtuvo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, un préstamo que la Sociedad Rural Argentina (SRA) está devolviendo puntualmente.
En 1991, el ex presidente Carlos Menem vendió a SRA el predio de Palermo, un terreno que en rigor la entidad agropecuaria ocupaba desde fines del siglo XIX. Y la SRA consiguió un préstamo con el que construyó los modernos pabellones donde se hacen las exposiciones. Pero a fines de 2012, la presidenta Cristina Kirchner decretó la nulidad de aquella venta y, además, pidió que el terreno vuelva al Estado nacional.
Los pedidos que ayer hizo el fiscal Campagnoli, que viene impulsando la causa desde hace años, avanzan precisamente en esa misma dirección que espera el Gobierno.
Todo este año Campagnoli estuvo sometido a juicio político, pero a mediados de año el Tribunal en Enjuiciamiento no pudo continuar sesionando.
En medio de ese clima de confrontación, Campagnoli y la jefa del Ministerio Público, Alejandra Gils Carbó, que fue su principal acusadora, se reunieron en secreto y pactaron un entendimiento, tal como reveló LA NACION: Gils Carbó aceptaba que se le devolviera a Campagnoli la Fiscalía de la que había sido suspendido y él que no se dedicaría a la política ni tampoco a hostigarla a ella.
En la causa están imputados los funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires que participaron en el otorgamiento del crédito -Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarre, Victorio Carlos Migliaro, Juan María de Anchorena, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Hugo Rial-, y también varios directivos de la SRA y sus empresas allegadas: Enrique Claudio Crotto, Horacio Foster, Alfredo Miguel OFarrel y Raúl Etchebehere.
Campagnoli, en su escrito, hizo cuatro pedidos: 1) que la causa sea enviada a juicio oral; 2) que la Justicia disponga "la inmediata entrega del predio al gobierno de la ciudad -como administrador directo y originario de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional-; 3) la anulación del registro de los planos de obra aprobados oportunamente por el GCBA para la construcción del emprendimiento comercial de la SRA, y 4) la anulación del otorgamiento del crédito por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, convirtiéndose la deuda de SRA en actualmente exigible".