Cuando se haga un balance del desquicio institucional de la última década, pocas instituciones públicas saldrán mejor paradas que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Se podrá decir que estuvo alerta, desde el primer momento, sobre los peligrosos antecedentes políticos de los gobernantes provenientes de Santa Cruz y de la forma en que activarían todos los instrumentos posibles, legítimos sobre todo y de los otros, a fin de satisfacer una voraz acumulación de poder.
El documento aprobado por la asamblea anual de la citada asociación de diarios, que acaba de concluir en Jujuy, ratifica mucho de lo que ha expuesto a lo largo de estos años, como la afirmación de que ésta ha sido la década con más ataques sistemáticos a la libertad de prensa desde la restauración democrática de hace treinta años. El problema de base ha sido, como observa esta institución, una concepción que desconoce el papel del periodismo en la democracia y considera a la prensa "como un enemigo a derrotar".
Un gobierno que se ha peleado con todo el mundo, tanto aquí como en el exterior, no podía tener precisamente las mejores relaciones con los medios de comunicación que actúan con la voluntad de hacerlo libres de tutelas oficiales y con el suficiente coraje cívico de plantarse ante las bravuconadas oficialistas. Lo que la experiencia política y de psicología social no podía haber previsto, después de la amarga sucesión de gobiernos autoritarios en la segunda parte del siglo XX, ha sido el grado de enajenación con la cual los medios y los periodistas desafectos a la conducción gubernamental serían perseguidos sin pausa alguna. Que un burdo afiche cayera por años desde las oficinas de la Secretaría de Comercio, con la pretensión de inculcar que un medio "miente", ha sido uno de los capítulos, no el único, de lo que algún día se catalogará como páginas de curiosidades antológicas de la relación entre el poder y la prensa.
ADEPA ha tomado nota de una novedad reciente. Se trata de la leve atenuación habida en el contacto de la Casa Rosada, absolutamente inexistente por largo tiempo, con la prensa y las instituciones que la representan. Desde luego que la sola mención de una "atenuación" revela la persistencia de una enfermedad cívica sobre la cual no hay mayores razones para suponer que ha de mejorar aún más hasta el momento en que se produzca un verdadero cambio en la dirección del país. Si es que fuera correcto decir que hay rumbo alguno, en medio de la persistente desorientación en que el campo, la industria, el comercio, los servicios y hasta el ejercicio viable de la medicina privada, se desenvuelven entre regulaciones que nadie entiende, mientras se reemplazan de un día para otro las que no hacía mucho estaban vigentes.
También se ha permitido ADEPA expresar su bienvenida a la modificación de las alícuotas de imposición del IVA a los medios de menores recursos y de extensión hasta 2014 de los alcances de una norma sobre acuerdo de pago de deudas preexistentes. Esto no modificará un panorama de por sí grave por el peso de la totalidad de los gravámenes impositivos, el aumento de los costos internos y un cuadro general económico que se deteriora a pasos agigantados. Pero ha sido una medida acertada y corresponde reconocerla en su significado, por más que se haya excluido del beneficio -"sin justificación", observa ADEPA; arbitraria y discriminatoriamente, agregamos nosotros desde esta columna a 16 empresas periodísticas.
En Jujuy, los asambleístas se notificaron sobre el terreno de la política del gobierno provincial subordinada, en no pocos asuntos de su relación con la prensa, a los dictados del gobierno nacional. Si no lo hiciera así, se vería privado de los recursos que el unitarismo de facto (unitarismo fiscal, como bien ha sido denominado) envía como un favor a las provincias y no como un derecho legítimo surgido del principio federalista que anima la letra y espíritu de la Constitución nacional. En ese sentido, ha sido notable registrar la coincidencia de opinión existente entre la oposición y franjas considerables del Partido Justicialista provincial, incluso entre las más cercanas al oficialismo, en cuanto a que las movilizaciones populares que se producen bajo el aparente liderazgo de Milagro Sala dependen del visto bueno que llega a Jujuy por órdenes de la Casa Rosada y cuyas motivaciones por ahora sólo ésta conoce.
A la luz del tono que confiere a su actuación el núcleo duro del kirchnerismo, no debe sorprender que el documento de ADEPA haya advertido sobre el riesgo de que el panorama de la libertad de prensa se agrave en los meses que restan para la terminación del período presidencial. En su derivación a terceras partes de la responsabilidad por los errores más groseros de su gestión, como la inflación, el fortísimo crecimiento del narcotráfico, la desinversión, el cierre de empresas, la pobreza, la inseguridad y el desorden social, los cinco mil millones que el Gobierno gasta al año en propaganda de sí mismo no alcanzan para conferir credibilidad a su discurso.
Acrecienta, así, las erogaciones hasta niveles estratosféricos, en una confusión notable entre intereses de gobierno y responsabilidades de Estado. Dilapida hasta lo inaudito, pues no se atreve al relevo de las fatigadas figuras de un desgastado e ineficiente elenco propalador de consignas concebidas en encumbrados despachos oficiales.
