El juez de instrucción Ricardo Farías debió suspender la indagatoria de varios ex directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA): el magistrado, que hace dos semanas procesó a ex ejecutivos de la entidad y del Banco Provincia por haber obtenido un préstamo para construir el Centro Internacional de Exposiciones en el predio ferial de Palermo, fue recusado ayer por otros ex ejecutivos de La Rural, que lo acusaron de haber prejuzgado.

El 1° de septiembre, Farías procesó al ex titular del Bapro, Eduardo Sánchez, y a ex directivos de la SRA Enrique Crotto y Raúl Etchebehere. Por eso, ayer, Eduardo de Zavalía y Luciano Miguens, otros ex titulares de la SRA que iban a ser indagados, recusaron al magistrado por entender que, al haber procesado a los primeros, prejuzgó y que inevitablemente terminaría procesándolos también a ellos.

Según Miguens y De Zavalía, el juez Farías considera que el ex presidente Carlos Menem y su entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, cuando en 1991 vendieron el predio de Palermo a SRA, celebraron un acto ilegítimo: el predio no podía ser vendido, porque sería de dominio público e inenajenable -mientras que la SRA dice que era de dominio privado y transferible- y porque se pagó un precio vil, muy inferior al de mercado.

Decreto y debate

El debate sobre el predio que ocupa la SRA cobró fuerza en 2012, cuando la presidenta Cristina Kirchner, mediante el decreto 2552, anuló la compraventa.

En 2013, la Cámara Federal Civil y Comercial entendió que aquella operación inmobiliaria no fue ilegítima y prohibió que el Estado intente recuperar el terreno. Pero el juez federal Sergio Torres procesó a Menem y a Cavallo por la operación, mientras que Farías avanzó con la investigación, no ya de la compraventa, sino de las supuestas irregularidades del crédito que SRA obtuvo en el Bapro.

El ex camarista federal Jorge Valerga Aráoz apeló los procesamientos de Crotto y de los otros imputados procesados y, también, presentó otro escrito con la recusación de Farías. Los argumentos de la SRA son los siguientes:

La SRA, gracias a una concesión gratuita del Estado, venía ocupando el predio de Palermo desde 1875. Ya entonces, aun antes de que el parque Tres de Febrero fuese declarado de dominio público, el predio de Palermo formaba parte del dominio privado del Estado.

La SRA sostiene que varias leyes reconocieron al predio ese carácter y que la ley de emergencia 23.697 autorizó al Poder Ejecutivo para que proceda a la venta de inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado. Por eso, la operación de Menem con la SRA fue legítima, dice la entidad.
La compraventa fue perfeccionada conforme al régimen del Código Civil: se firmó un boleto de compraventa, hubo escritura traslativa de dominio y, finalmente, se la inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble.

En su escrito, la SRA también sostiene que el precio que pagó no fue vil (inferior al que había fijado el mercado), porque el monto de 30 millones de dólares estuvo justificado por: 1) las restricciones que el Estado impuso al destino del predio; 2) la obligación de construir un Centro Internacional de Exposiciones, que demandó otros 70 millones de dólares -fue causa del préstamo que SRA tomó con el Banco Provincia y que está actualmente devolviendo-, y 3) el precio se fijó luego de tres tasaciones realizadas por el Banco Ciudad, el Banco Hipotecario y el Consorcio de Empresas Inmobiliarias (CEI).

Distintos funcionarios (el entonces procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, y el Onabe) no objetaron la operación. Pero la crisis con el campo desatada a raíz del conflicto por la resolución 125, provocó una persecución contra SRA.

Según la SRA, el préstamo con el Bapro se está cancelando puntualmente y se hicieron pagos incluso este año.

La entidad también afirma que Farías niega lo que es evidente: que el préstamo se aplicó a construir cinco pabellones de 40.000 m2, cocheras, depósitos y oficinas.

Un conflicto de dos décadas

En 1991, el ex presidente Carlos Menem vendió el predio de Palermo a SRA, que ocupaba ese terreno desde 1875, por un préstamo del Estado. Pero con las privatizaciones, Menem y el Congreso lo sacaron a la venta

Para el juez Farías, Menem nunca pudo vender ese terreno y pactó un precio muy inferior al del mercado. La SRA dice que el precio (30 millones de dólares) surgió de tres tasaciones especializadas y que, además, invirtió otros 70 millones para construir el Centro de Exposiciones

El 1° de septiembre, el juez Farías procesó a varios ex directores de SRA. Por eso, ayer, otros presidentes de la entidad (Miguens, De Zavalía), instantes antes de ser indagados, recusaron al juez pidieron su apartamiento del expediente. SRA dice que el juez ya tiene una posición tomada y no es imparcial.