La Corte Suprema de Justicia no va a avalar la ley de abastecimiento que ayer aprobó el Senado y la semana próxima sancionaría el Congreso.

La mayoría de los magistrados considera que –a priori– su texto actual es inconstitucional y lesiona derechos de la actividad privada.

La noticia trascendió el martes en la reunión del grupo de las seis entidades empresarias más importantes de la Argentina. Héctor Méndez lo confió en el más absoluto de los secretos. Dijo que la Unión Industrial había enviado un emisario a hablar con los magistrados y que la mayoría de los jueces de la Corte calificaban la iniciativa de Cristina Kirchner como inconstitucional. Méndez comentó que el propio Ricardo Lorenzetti admitió la dura posición del Tribunal en un mensaje que envió a la central fabril. Así lo dijo Méndez: “Fue muy cauto, porque no quiere prejuzgar, pero evalúa que el proyecto contiene aspectos fuera de la legalidad constitucional.” El tema también fue analizado ayer en una cumbre secreta de hombres de negocios convocada por la Asociación Empresaria Argentina. Jaime Campos tiene en su poder un “memo” del experto Juan Cassagne que concluye tajante: “El proyecto de ley viola la Constitución.” Todos los empresarios están en alerta máxima, porque la UIA, la AEA y la Asociación de Bancos consideran que la Casa Rosada quiere la ley de abastecimiento para culpar a los hombres de negocios del desmadre que el propio Gobierno generó en la economía con la inflación, el dólar desbocado y la fuerte recesión. Para los líderes fabriles, la propuesta establece arbitrariedades que autorizan a los funcionarios a meterse en las empresas y decidir sobre los negocios privados. Jorge Brito lo admitió en el cónclave del G-6: “ Buscan culpables por afuera de sus propios errores.” La propia Cristina lo refleja en sus ataques a las multinacionales por la crisis automotriz que provocaron las medidas de Axel Kicillof. La Presidenta pretende responsabilizar a los fabricantes por la caída en las ventas de autos, imputar a los industriales la aceleración de la inflación e incriminar a los chacareros de desestabilizar el dólar por los granos acumulados en los “silo-bolsas”.

Luis Etchevehere estaba alterado por esta ofensiva de la Casa Rosada y propuso un exabrupto político: “Respondamos con un lock-out empresario.” Nadie lo avaló y la idea recibió la reprobación en el G-6. Ignacio de Mendiguren dijo: “Son propuestas funcionales al Gobierno, para que Cristina se victimice y se saque la responsabilidad de la recesión.” En la Unión Industrial existe un acalorado debate y, al final, la entidad decidió adoptar un gesto de desaprobación contra la Presidenta.

Los jefes de las terminales saben que Kicillof no viajó a Brasil para tratar el parate automotriz.

Clarín confirmó que la imprevista entrevista entre el ministro y su par y Guido Mantenga tenía dos objetivos financieros internacionales.

Kicillof pidió a Mantenga tener un encuentro privado para buscar que Brasil avalara la gestión del Banco Itaú para comprar la deuda de los fondos buitre.

El ministro también sondeó la posibilidad de que Brasil otorgue un préstamo en dólares para frenar la caída de las reservas.

Kicillof habló esa mañana por teléfono con Mantenga y solicitó verlo personalmente para evitar las pinchaduras y las filtraciones de lo que conversarían. Kicillof se siente vigilado por la ex SIDE que reporta a la Casa Rosada y sostiene que los fondos buitre lo infiltraron.

El ministro de Hacienda de Brasil aceptó el pedido de entrevista secreta, pero en la reunión fue muy crudo e hizo abortar los planes de Kicillof Mantenga le comunicó que en su país existen impedimentos legales para acordarle un préstamo directo al Banco Central argentino.

Tampoco lo entusiasmó con la cobertura política que Brasilia le puede dar al Banco Itaú y a la filial brasileña del Santander. La paciencia que Dilma Rousseff le tuvo a Cristina le generó un costo político en las peleadas elecciones presidenciales.

El Gobierno trató de ocultar el fracaso de la misión de Kicillof. Fue un nuevo traspié, en la colección que viene sumando el ministro.

Después de esa misión fallida, el Banco Central dispuso que los bancos reduzcan su tenencia en dólares. Es una medida de coyuntura, con impacto de corto plazo. Y no suena a una señal positiva.

Juan Fábrega lo admite en algunas de sus reuniones. Ahora el jefe del BCRA luce más extrovertido y repite sin filtros: “Con las ideas de Kicillof, la economía choca.” El titular local del Citibank, Gabriel Ribisich, también está alerta, luego de la amenaza de Kicillof de echar al tradicional banco si no se alinea contra el juez Thomas Griesa.

Ribisich decidió tomar una medida extrema: convocó a los máximos abogados del estudio Bruchou para elaborar una estrategia judicial que lo defienda de los ataques de Kicillof.