ROSARIO.- El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para que los productores se responsabilicen por el uso que hagan del suelo. La iniciativa comprende, entre otros puntos, que respeten indicadores de la calidad de este recurso y no descarta sanciones por un eventual "uso abusivo" de la tierra. Además, apunta a promover desde el Estado la mejora y la recuperación del suelo. Esto último se haría con la carga tributaria que ya tiene el sector.
El proyecto irrumpe en medio de una falta de rotación de cultivos, ya que, por restricciones del Gobierno a la producción de trigo y maíz, los productores se vuelcan a la soja.
Los trazos generales se conocieron ayer, en el XXII congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). En la elaboración intervienen el equipo técnico del presidente de la Comisión de Agricultura, Luis Basterra, diputado de Formosa por el oficialismo, y el Ministerio de Agricultura.
Al encuentro asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Hubo otros diputados kirchneristas, como el santafecino Omar Perotti y su par de La Cámpora Marcos Cleri. También asistieron los diputados Edgar Müller, del peronismo disidente, y Miguel del Sel, por Pro.
"Proponemos que se entienda que quien usa el suelo lo tiene que preservar, y que no puede haber una descapitalización del capital natural", dijo el diputado a LA NACION, luego de la presentación.
Basterra explicó que se van a definir líneas de base ambiental. "Esto se va a hacer con indicadores, que en algunas regiones pueden ser materia orgánica y nivel de nutrientes, y en otras será el perfil del suelo. El productor o tenedor del suelo se tendrá que hacer cargo de que no bajen esos indicadores con el uso de buenas prácticas agrícolas", indicó.
El Estado buscará promover la mejora y la recuperación del recurso fomentando buenas prácticas agrícolas. Esto se haría con los impuestos que ya paga el sector.
Basterra precisó que si hay un impacto por "un uso abusivo" del recurso podría llegar a aplicarse "algún tipo de sanción".
Nicolás Lucas, asesor ad honórem de Basterra, también habló de la responsabilidad por el daño de degradar el suelo y explicó que se deberá precisar su alcance.
Entre los asistentes hubo preguntas por el diagnóstico que se hacía respecto de la falta de rotación actual de cultivos.
"¿Cuáles son las causas de la falta de rotación?", preguntó Matías Ferreccio, presidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo). Ferreccio hizo esa consulta porque, según indicó luego a LA NACION, "si bien la intención es buena, no está bien hecho el diagnóstico sobre la rotación". A su entender, sin restricciones de mercado y con baja de retenciones en maíz y trigo los productores volverían a rotar cultivos.
Antes, Lucas le había respondido: "No hay que creer que una política coyuntural es la explicación".
También Del Sel se refirió al proyecto. "Hablan de controles y me pregunto quién se hará cargo, porque ese control es plata y los productores no dan más", opinó.
Por su parte, la presidenta de Aapresid, María Beatriz "Pilu" Giraudo, alertó: "Las buenas prácticas que pregonamos no las podemos implementar por la coyuntura económica y política".
A su lado, en el estrado, la escuchaba Domínguez, que elogió la tarea de la entidad por la conservación del suelo y remarcó que es "fundamental" la preservación de este recurso.
"Hay que cuidar el suelo porque está nuestro futuro y el futuro de nuestro negocio", expresó. También enfatizó: "Quien hace uso del suelo no puede promover la descapitalización".
Ante el auditorio, Domínguez reiteró una autocrítica que ya hizo una vez sobre la política para el trigo. "No hemos tenido una política acertada en materia de trigo. Hay que generar todos los incentivos para que el trigo se pueda sembrar", sostuvo. "En trigo y maíz tiene que haber competitividad", agregó.
A todo esto, Fernando Milano, colaborador de la diputada del Gen Virginia Linares, explicó un proyecto ya presentado por esa legisladora en 2010. Entre otros puntos, contempla planes de conservación y un fondo con el 1% del presupuesto nacional para incentivar buenas prácticas agrícolas.
