El reciente procesamiento del ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, pone de manifiesto una vez más esta década de desmanejos y complicidades del gobierno kirchnerista frente al flagelo del narcotráfico en la Argentina. Que las máximas autoridades que debían controlar tanto el tráfico ilegal de estupefacientes como de los precursores químicos que se requieren para elaborar aquéllos, aparezcan involucrados en resonantes causas de tráfico de drogas es un ejemplo más del proceso por el cual la Argentina pasó en esta década de ser un país de tránsito a un país de producción de drogas ilegales.
Hoy, en cocinas y laboratorios dispersos en las grandes ciudades del país, se lleva a cabo la última etapa de elaboración de cocaína y su subproducto, el paco, que destruye a los jóvenes, sobre todo a los más carenciados. Es un campo en el que los narcos locales e internacionales se han movido con total impunidad, dejando a su paso su estela de corrupción, violencia y muerte.
La situación penal del responsable de la Sedronar durante la mayor parte de la gestión kirchnerista no es novedosa. Granero ya había sido procesado en 2009 por haberse encontrado siete kilos de drogas en una camioneta de la secretaría. Si bien dos años más tarde le fue dictada la falta de mérito, su jefe de gabinete, Fabio Trosero, y su chofer, Hernán Aboy, aún permanecen procesados a la espera de un juicio oral por esa misma causa. Tanto en esa situación como en la actualidad se cruzan acusaciones de los involucrados con el actual senador nacional y entonces ministro del Interior y luego de Seguridad, Aníbal Fernández. En aquella oportunidad fue Granero el que acusó a Fernández: "El objetivo -denunció en su momento- es quedarse con la Sedronar. Aníbal Fernández y Mónica Cuñarro quieren entregarle mi cabeza a la Presidenta. Detrás de esta causa están ellos". Se trata de una línea que, lamentablemente, la Justicia no ha investigado. En esta oportunidad otro procesado, Gabriel Abboud, entonces director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos, volvió a poner el foco en Fernández al sostener que "fue el entorpecimiento del entonces ministro del Interior el que impidió detener a tiempo el desvío de precursores químicos en julio y agosto de 2007". La Justicia debe profundizar el papel de Fernández.
La actual causa en la que está procesado Granero junto con otros dos funcionarios del organismo antidrogas se remonta al 7 de agosto de 2008, cuando se produjo el llamado triple crimen de General Rodríguez, en el que tres empresarios farmacéuticos, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, fueron asesinados por una banda que competía en la triangulación de efedrina a México, liderada por Ibar Pérez Corradi. Tras ese brutal hecho, quedó de manifiesto que la Argentina, cuya industria farmacéutica necesitaba unos 200 kilos de efedrina al año, había importado 21 toneladas en 2007 y llevaba adquiridas más de 14 toneladas en 2008, en el momento del triple crimen. Esa efedrina era triangulada a México, donde su importación había sido prohibida, para producir metanfetaminas. Tal situación mostró la falta absoluta de controles para el ingreso y tráfico de precursores químicos destinados a la elaboración de drogas de síntesis. Pero la acusación es más grave aún, ya que la jueza María Servini de Cubría sostuvo al procesar a los funcionarios de la Sedronar que éstos no sólo no controlaron el tráfico ilegal de precursores químicos, sino que facilitaron la acción de los narcotraficantes al desviar las causas judiciales que los podían involucrar.
El triple asesinato mostró también condimentos políticos: uno de los muertos y un imputado por el asesinato, todos involucrados en el tráfico de efedrina, habían aportado dinero a la campaña presidencial del oficialista Frente para la Victoria (FPV) de 2007. El principal recaudador del partido gobernante era Héctor Capaccioli, entonces superintendente de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, encargado de controlar laboratorios y farmacias. El 37% de los aportes privados de campaña del FPV provenían de laboratorios, droguerías y empresarios de la salud. Capaccioli debió renunciar poco tiempo después debido a otro escándalo, el de la mafia de los medicamentos, por el cual se desviaron recursos de la Administración de Programas Especiales (APE), que él administraba, en una estafa que involucró a empresarios, directores de obras sociales y funcionarios públicos. Otra de las "casualidades" fue que algunos de esos empresarios del sector de la salud fueron aportantes del FPV, en tanto que otros aparecen mencionados en la causa del triple homicidio.
Finalmente, la causa actual que termina en el procesamiento de Granero tiene más elementos que la relacionan con las más altas esferas del gobierno kirchnerista. El entrecruzamiento de llamadas vinculadas a la mafia del tráfico ilegal de efedrina involucra a los hermanos Zacarías, de Santa Cruz, dos de los cuales, Rubén y Luis, trabajaron hasta hace unos meses en la Secretaría de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia de la Nación y otro, Miguel Zacarías, era secretario privado de Granero. Gabriel Abboud, procesado por esta causa, pasó a disponibilidad, según informó la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, quien firmó en 2008 la prohibición de importar efedrina, sostiene sobre Abboud: "Le dan protección porque puede hablar". Estas causas ratifican que, como se sostiene en esta columna desde hace años, en la Argentina no existen casualidades en materia de narcotráfico, sino causalidades que explican la actual crisis.
Poco a poco, la información revela la magnitud del negocio narco entre nosotros y de sus secuelas de corrupción y violencia. Lo que sabemos es apenas una fracción del infierno, pero suficiente para obligarnos a reaccionar antes de que sea tarde.
