Nuestro país reúne las principales condiciones que permiten el avance del narcotráfico: instituciones débiles, impunidad y una sociedad adormecida y débil. Por este motivo, el periodista mexicano-norteamericano Alfredo Corchado, especialista en el tema, dijo recientemente a la nacion, tras enumerar esos requisitos y sintetizar la trágica experiencia de México: "Les recomiendo a los argentinos que hablen del tema y no lo ignoren, antes de que sea tarde".
Por desgracia, las autoridades nacionales y buena parte del espectro político y de la sociedad prefieren ignorar el drama del narcotráfico, que, ante la falta de reacción, se extiende frente a nuestras narices, infiltra instituciones, corrompe a funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad y avanza sobre el ámbito político.
La última y alarmante muestra de la creciente relación entre droga y poder político la brindó la investigación de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría en la que se procesó al ex titular de la secretaría antidrogas (Sedronar) José Granero y a otros dos altos funcionarios del organismo como partícipes necesarios de la introducción en el país de efedrina destinada a fabricar estupefacientes. La Sedronar autorizó el incremento de las importaciones en un 1363% en sólo cuatro años. El 85% de esa sustancia importada tuvo por destino la producción ilegal de drogas sintéticas. En la misma causa se investigan posibles vínculos entre altos funcionarios de la Sedronar y personal de la Casa de Gobierno.
Invitado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Corchado se refirió a la trágica experiencia mexicana y explicó que el negocio de la droga se instaló allí hace mucho y creció sin obstáculos. "Sabíamos que estaba ahí -sostuvo-, pero no hicimos nada hasta que fue demasiado tarde."
En la Argentina ya no podemos seguir hablando de meros "síntomas" de una enfermedad, sino del implacable progreso de una epidemia que no hace más que propagarse. Otra prueba fue el descubrimiento, este año, de las actividades en la Argentina del narcotraficante más importante del mundo, Joaquín "el Chapo" Guzmán, detenido en México en febrero pasado. Se trata del jefe del temible Cartel de Sinaloa, quien se habría movido entre nosotros con identidad falsa en 2010. Su objetivo era tejer negocios con narcos locales y tender una red para poder trasladar droga desde la Argentina hacia Europa y Estados Unidos. Y lo logró.
Durante la investigación judicial se detuvo en Belgrano al mexicano César Cornejo Miranda, quien se resistió a balazos e hirió a un gendarme. Poco más tarde se secuestraron en México casi mil kilos de cocaína pura diluidos en aceite. Se habían embarcado en marzo último en el puerto de Buenos Aires.
Otro de los ángulos más preocupantes de cuanto salió a la luz fue la detención, hace dos meses, de un comisario y dos cabos de la Policía Federal a quienes se les imputó formar parte de una banda que robaba droga a narcotraficantes. La investigación muestra el grado de penetración alcanzado por el negocio de la droga, que en su marcha incesante estrecha lazos con la corrupción policial y emplea nuestros puertos como fáciles puntos de salida.
Hace varios años que la Argentina se convirtió en una meca para el narcotráfico, al que ofrece todo cuanto requiere, como altos niveles de corrupción en los funcionarios oficiales y en las fuerzas policiales, impunidad, inauditas facilidades para el lavado de dinero, además de fronteras vulnerables por el retiro de la Gendarmería Nacional. Hay que agregar el recorte de funciones y el escasísimo presupuesto de la Sedronar.
En este tétrico panorama no es casualidad que, como informó la nacion, cueste más un teléfono celular de alta gama que una multa por traficar drogas. Éstas tienen un máximo de 18.500 pesos, pero pocas veces superan los 2000 pesos, al margen de las penas de prisión que correspondan. Tampoco es casualidad el descubrimiento de más nexos entre la droga y la política, como lo muestra el hecho de que un asesor ad honórem de Mario Ishii, ex intendente de José C. Paz y actual senador bonaerense (PJ), usaba un nombre falso, pues en realidad era Gustavo Collado Correa, un buscado narcotraficante. Ishii admitió que era uno de sus asesores, pero aseguró no conocerlo y dijo ser víctima de una operación para intentar vincularlo con el narcotráfico.
Es preciso tomar conciencia de que el tiempo que transcurre sin que se encare la lucha a fondo contra el imperio cada vez más extendido del gigantesco negocio de la droga no es un tiempo muerto, sino uno ganado por esta nefasta actividad que cuanto más profundo hunda sus raíces más difícil resultará erradicarla.
Como ya hemos dicho en esta columna, es preciso adoptar medidas insoslayables. En lo político, hay que evitar que los partidos reciban aportes de dinero de procedencia dudosa. Las fuerzas de seguridad deben depurarse y, en el plano judicial, hay que procurar que no se cometan ni consientan errores de procedimiento, que, cada vez con mayor frecuencia, se traducen en nulidades que arruinan investigaciones enteras.
La toma de conciencia es el primer paso para comenzar a revertir el avance del crimen organizado, antes de que sea demasiado tarde. Por ahora, el Gobierno no parece despertar de su sospechoso letargo. Además de lo ocurrido en la Sedronar, está la inexplicable demora en completar los 22 cargos vacantes de jueces federales de primera o segunda instancia en Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero. Pese a los constantes reclamos, los cargos siguen vacantes en esas provincias tan importantes en la lucha contra el tráfico de drogas.
Tomar conciencia significa, en definitiva, advertir que con el narcotráfico no sólo peligra la salud de la población, sino también la salud y la existencia misma de las instituciones que nos constituyen como República. Sin ellas, quedaremos a merced de las bandas y dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos solamente en víctimas. Si la demora se prolonga, puede ocurrir que cuando se tome la decisión de combatir la epidemia no haya organismos sanos capaces de cumplir la orden.
