Axel Kicillof le dio a los bancos y empresas chinas que financiarán inversiones en la Argentina una protección legal internacional similar a la que el gobierno cuestiona con los fondos buitre. En los anexos de los tratados que se firmarán hoy, el ministro de Economía acordó jurisdicción especial a las firmas chinas y aceptó la intervención de tribunales del exterior para dirimir eventuales conflictos. Así surge de los convenios bilaterales donde se precisa que las obligaciones estarán regidas por el derecho y los tribunales de Inglaterra.

También dispone que los eventuales arbitrajes se harán en la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

Kicillof aceptó renunciar en forma “irrevocable e incondicional” a cualquier objeción futura surgida de los tribunales internacionales elegidos por la Argentina y China.

La cesión de soberanía judicial es explícita en los préstamos para el reequipamiento del Belgrano Cargas. El decreto 1071 ya se conoce y la prórroga de jurisdicción se encuentra en el frondoso anexo de 400 fojas. Pero las concesiones serían similares en los préstamos para las megaobras hidroeléctricas de Santa Cruz y otros convenios financieros que se firmarán hoy con Xi Jinping La metodología tendría el mismo formato que la incluida en el leonino convenio con Chevron.

El gobierno oculta el texto, porque su difusión acarrearía un alto costo político. La entrega de soberanía judicial de Kicillof contradice el “relato” de la propia Cristina Kirchner contra las cláusulas que se otorgaron en la deuda externa a favor de los tribunales de Manhattan, donde se dirime el conflicto con los fondos buitre. Cristina hizo de esto una bandera y cuestionó a los anteriores gobiernos que aceptaron juzgados externos, como el de Thomas Griesa.

Pero ahora utiliza un sistema igual al aplicado por Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

El propio Néstor Kirchner aceptó los tribunales de Nueva York en el canje de la deuda de 2005 e incluyó la polémica cláusula RUFO cuestionada por la Presidenta.

Las coincidencias tienen idénticos protagonistas: los abogados del denunciado megacanje son los del estudio Clery & Gotlieb que ahora asesora a Cristina. Así, otra vez, el “relato político” de la Casa Rosada poco tiene que ver con sus actos y la realidad económica.

El ministro Kicillof está inquieto por la crisis de la deuda. En una reunión íntima de su gabinete, manifestó que tenía miedo de terminar preso en un futuro por decisiones que adopte ahora en la negociación con los buitres. En privado dijo: “Quiero firmar la menor cantidad de documentos que me comprometan”.

Entre los banqueros se considera que el pánico escénico del ministro y su impericia son los que extienden la falta de definiciones. También hablan de los cambios de humor de la Presidenta. En Manhattan sostienen que el propio juez Griesa habría tomado la decisión de nombrar al mediador Daniel Pollack, con la misión de orientar y suplir la mala praxis del equipo económico para cerrar técnicamente un acuerdo delicado.

Según fuentes de Wall Street, en el dialogo entre Kicillof y Pollack del 7 de julio hubo un avance significativo para cerrar una forma de pago.

El cuidado texto del comunicado del mediador, así lo sugiere. El plan que propuso Kicillof y que Pollack-Griesa estarían evaluando incluye lo siguiente: – Pago de la deuda con bonos emitidos hasta el 2028.

– Ejecución del acuerdo a partir de enero del 2015.

– Una garantía de pago para el semestre otorgada por la Argentina a los fondos buitre.

– A cambio, el Gobierno pidió que el juez restablezca la cautelar y permita abonar a los bonistas que entraron en el canje y evitar el default “selectivo”.

Este plan de Kicillof sería tratado el martes en la audiencia del juez Griesa. El magistrado tiene dudas sobre las “garantías políticas” que puede dar Kicillof, frente a una Presidenta preocupada sólo por mantener el relato político y no por resolver el problema de la crisis externa. En el Banco Central se elaboró un informe sobre las consecuencias de un “default selectivo”. El “memo” habla de tasas en ascenso y de un dólar blue que podría escalar, en pocos días, hasta los 13,50 pesos. La consecuencia: más recesión y problemas laborales.

Juan Fábrega conoce al dedillo sus conclusiones y por eso mantuvo un encuentro con todos los banqueros. El mensaje que transmitió es el siguiente: “Mantenerse calmos, porque esto se va a arreglar”. Pero Cristina tendría decidido un “plan B” en caso de que el programa de pago de Kicillof no prospere o choque con la intransigencia de Griesa. Sería la peor situación.

Incluiría el absurdo de armar un relato para los inversores y mercados del exterior.

Lo esbozó en su discurso del miércoles ante los BRICS: la Casa Rosada saldría a decir que no hay default, sencillamente porque Cristina no va a anunciar la cesación de pagos. Y se trataría de seguir negociando, en base a cláusulas de los bonos que otorgarían otro plazo de 60 días. La estrategia implica un fuerte desconocimiento de cómo funcionan los mercados internacionales, pero forma parte de la falta de reflejos de Cristina que se ve en el caso Boudou. En el Gabinete nacional existe un fuerte descontento con la Presidenta, después de lo que ocurrió en el acto del 9 de Julio.

Cristina obligó a sus ministros a exponerse junto al vice procesado por corrupto. El avión de regreso fue un hervidero de maldiciones en voz baja.

El malhumor obedece a las ausencias al acto que ella misma aprobó: no estuvieron para avalar a Boudou tres peso pesados como Carlos Zannini, Julio De Vido y Alicia Kirchner.