El intenso discurso de Axel Kicillof en la OEA esconde una jugada política de la Casa Rosada: endurecer el relato para intentar encubrir una negociación destinada a cancelar –al final– la deuda con los fondos buitre.

La acción frente a la OEA busca esa pantalla internacional, ya que el impacto real de la Asamblea sobre la negociación es virtualmente nulo.

Así, la movida diplomática llega tarde, porque el fallo ya es inamovible. Otra vez Héctor Timerman actuó mal y mostró ausencia de profesionalismo.

De esta manera se evalúa en círculos diplomáticos y también lo creen los operadores de mercados: afirman que Kicillof terminará pagando como ocurrió –y en exceso– con Repsol y el Club de París. La conclusión se desprende de los informes reservados de bancos de Wall Street “amigos” del Gobierno: Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley y fondos cercanos al ministro como el Latan Securities del banquero Diego Marynberg, Gramercy y Fintech.

Todos dicen manejar información confidencial, que también utilizarían para hacer jugosos negocios con los bonos argentinos.

La semana próxima un grupo de legisladores haría una denuncia por el tema que involucraría a Kicillof, Carlos Zannini, Juan Fábrega y Miguel Galuccio.

El trabajo, que coordina Elisa Carrió, va a pedir a la Justicia que investigue si el suministro y la utilización de datos confidenciales provistos por los funcionarios configura el delito de dar información privilegiada.

También los banqueros de Wall Street apuestan a un acuerdo, frente al deterioro político que al Gobierno le genera el “escándalo Boudou”. Los reportes de los financistas sostienen que Cristina necesita cerrar el conflicto con los fondos buitre y no agrandarlo en medio del desgaste que le provoca sostener al vicepresidente.

El Gobierno consultó a economistas y todos recomendaron la negociación. Guillermo Nielsen estuvo con Carlos Zannini, y hubo contactos con Daniel Marx, Miguel Bein y Mario Blejer.

Hay una versión –desmentida por el propio involucrado– que indica que Nielsen viajó a EE.UU. para asesorar a los abogados de Cleary Gottlieb. Marx declaró en un juicio del Ciadi a favor de la Argentina y contra los bonistas italianos.

El tema se habló el miércoles en la Embajada de Estados Unidos, donde se insiste que la negociación puede fracasar sólo por dos motivos: –La impericia de los funcionarios argentinos. Esto ya perjudicó seriamente todo el trámite judicial y la falta de profesionalidad derivó en el fallo contra la Argentina.

–Una propuesta de los ultra-K que llegó a la Quinta de Olivos y que propone endurecer la negociación con los fondos buitre para “tapar” el escándalo de corrupción de Boudou. En esta línea se encuentran algunos dirigentes sociales y otros de La Cámpora. Volvieron a hablar de “malvinizar” el conflicto con los fondos buitre para sacar del foco a la corrupción.

Pero para el BCRA la ausencia de un acuerdo a fin de julio deteriorará la situación económica y empeorará la imagen de Cristina: habría más recesión y se calcula que el dólar paralelo pegaría un salto a 13,5 pesos, generando escasez de liquidación de exportaciones y nueva caída de reservas.

Fábrega elaboró un informe y advirtió las consecuencias en la Quinta de Olivos. El trabajo desató otra pelea con Kicillof.

El ministro se siente fuerte después de que Cristina le otorgó el control de la Secretaría de Energía. La designación de Mariana Matranga degradó a Julio De Vido, pero en realidad el cambio afectará y recortará el poder de Galuccio.

Así Kicillof le torció el brazo al jefe de YPF. La decisión implicará una modificación en la política petrolera del Gobierno y un traspié en la estrategia que llevó adelante Galuccio.

La nueva gestión quiere postergar Vaca Muerta y concentrará los esfuerzos de inversión en la recuperación secundaria de los pozos ya existentes. Lo hacen con una lógica: Galuccio no pudo cumplir las promesas de aumentar la producción fuertemente y revertir el déficit energético que creó el kirchnerismo.

Matranga y su jefe Kicillof creen que esa estrategia fue errada y que hay que concentrar los esfuerzos en aumentar la producción a corto plazo.

Galuccio dijo primero que Vaca Muerta iba a bombear petróleo en tres años. Después habló de cinco y ahora de una década. Los expertos locales lo desacreditan y proyectan 20 años.

El recorte al jefe de YPF obedece a varios desaciertos que acumuló su gestión: no funcionó el plan de los 100 días, no vinieron inversiones masivas para Vaca Muerta y tuvo que pactar un oneroso contrato que mantiene en secreto con Chevron.

Las cláusulas del convenio de Chevron serían críticas para la soberanía Argentina e impresentables para el relato de Cristina, como inmunidad para los daños ambientales y reconocimiento de los tribunales de Nueva York y Europa.

El kirchnerismo desarrolló una pésima política energética que ocasionó un daño clave: se perdió el autoabastecimiento y ahora se gastan millones de dólares en importación.

Además, todas las decisiones estratégicas están a tiro de ser investigadas por corrupción: la estatización de Repsol-YPF y el contrato que British Petroleum autodenunció en la Securities and Exchange Commission.

Galuccio sólo puede mostrar ahora una ínfima recuperación en la producción petrolera, que no altera en la Argentina la caída global de extracción.

Pero YPF carga con un alto costo político: aumentó su endeudamiento a 4.500 millones de dólares y sus continuos ajustes de precios retroalimentan la inflación.