Si no fuera por la alta tensión introducida a la negociación contrarreloj de la deuda con los holdouts , el gobierno de Cristina Kirchner podría celebrar próximamente el módico éxito de exhibir para junio el menor incremento del índice oficial de precios al consumidor en lo que va de este año.

Esta desaceleración en el ritmo de aumentos coincide con el relevamiento preliminar del Estudio Bein, que arroja un alza de 1,3/1,4% para el nivel general (donde gravitan a favor la ausencia de ajuste en combustibles y en contra las subas en las tarifas de gas y de taxis porteños) y de 1,6% en alimentos. En este caso, también con la medición que realiza esta columna sobre una canasta fija de 30 productos de consumo masivo (alimentos, bebidas y artículos de limpieza) en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados. A fin de junio el costo total se ubica en $ 1291, con una suba de 1,6% con respecto a mayo y de 4,7% acumulada frente a los $ 1232 de abril. Influyeron en estos dos meses las bajas en presas de pollo y cortes de carne vacuna (de -6 a -21,4%) y de frutas y hortalizas (de -5% en papas a -34% en pimientos), contrarrestadas por subas de dos dígitos en quesos (de 25 a 41%); café (11%); yerba mate (15,8%); detergente (15%); fideos (14%) y limpiadores (10,5%), seguidas por otras menores en pan francés (5,5%); gaseosas light (5%) y jamón cocido (3%).

Si se mira hacia atrás, no hay mucho para festejar. En los últimos seis meses esa misma canasta tuvo una suba de 20,8% (costaba $ 1068,50 en diciembre de 2013), que se eleva a un impresionante 55,9% si la comparación se realiza con junio del año pasado ($ 827,90), cuando comenzaba a desarmarse el congelamiento de Guillermo Moreno. De ahí que el consumo se haya resentido tanto y se observen fenomenales disparidades de precios. No sólo en las góndolas, con crecientes diferencias -que llegan a superar 60%- entre productos con "precios cuidados" y otros similares fuera del listado oficial, además de promociones y descuentos por cantidad que hacen difícil determinar un precio real. También en otros rubros (ropa, calzado, combustibles, mantenimiento de automotores y viviendas, restaurantes, etc.), donde los aumentos retraen la demanda o contribuyen a deteriorar el poder adquisitivo de asalariados, jubilados y trabajadores autónomos.

Si se mira hacia delante, en los dos primeros casos el medio aguinaldo puede tonificar transitoriamente el consumo, si no se destina a cubrir deudas. Pero los aumentos salariales surgidos de paritarias, fraccionados e inferiores a la inflación interanual -al igual que el último ajuste semestral de jubilaciones-, sólo permitirán recuperar parte del terreno perdido y moverán poco el amperímetro. Sobre todo si en la segunda mitad del año el dólar oficial abandona su renovado rol de ancla inflacionaria a raíz de los problemas en el sector externo (escasez de divisas) y se acelera previsiblemente la emisión de pesos para atender el imparable déficit fiscal.

Impuestos con subas camufladas

A esta perspectiva incierta para el consumo y la actividad económica debe sumarse el impacto de otro subproducto de la inflación: la presión tributaria récord a nivel nacional, provincial y municipal que, según cálculos privados, superó el 40% del PBI el año pasado. Esto hace que lo que entra por un bolsillo salga por el otro y se sienta mucho más con la economía en recesión.

En menos de diez meses, la inflación acumulada ya se devoró el último ajuste en el mínimo no imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias (de 20% para los salarios de $ 15.001 a $ 25.000 y casi el de 30% para la Patagonia), dispuesto en agosto de 2013 por el gobierno de CFK en un fallido intento de revertir su derrota en las elecciones legislativas de octubre. De hecho, no se trató de una suba directa del MNI sino de las deducciones para dejar fuera del impuesto a los salarios brutos de hasta $ 15.000, aunque en una economía inflacionaria no tardarán en ser alcanzados. Como ahora el Gobierno promete no volver a subir el MNI ni actualizar las escalas vigentes desde hace 14 años, hay una suba implícita del impuesto: quien salta la barrera del MNI cae en alícuotas más altas. Por caso, un trabajador casado y con un hijo que hoy cobra un sueldo bruto de $ 16.000 mensuales paga 23% de impuesto ($518,20 cada mes). Y quien gana más de $21.500 trepa a la alícuota máxima de 35%.

Esta exacción se acentuó en los últimos años. Un cálculo realizado por el Grupo GNP Consultores revela que entre 2003 y 2013, mientras el salario mínimo vital y móvil tuvo un ajuste nominal acumulado de 850%, el MNI de Ganancias fue ajustado en 287%. O sea, casi la mitad de la inflación del período según estimaciones privadas. A su vez, la alícuota máxima de 35% que en 2001 (con el 1 a 1) alcanzaba a quien ganaba el equivalente de 11.000 dólares, ahora afecta a un ingreso mensual inferior a 3000 dólares al tipo de cambio oficial.

También es grosera la desactualización del MNI del impuesto a los Bienes Personales (bautizado "a la riqueza" cuando fue creado en los 90), que no se ajusta desde 2007 y se mantiene en 305.000 pesos (equivalentes a 37.000 dólares al tipo de cambio oficial o a 25.400 al paralelo). Según el Grupo GNP, debería ser ajustado a no menos de un millón de pesos para dejar fuera de su alcance al menos a un departamento básico y a un auto chico. Pero además propone una reforma para que el contribuyente vuelva a pagar sólo por el excedente y no sobre el total cuando se supera el MNI, para lo cual recomienda readecuar escalas y establecer alícuotas por tramos, a fin de que la alícuota máxima no abarque a todos los activos.

Otra cara del impuesto inflacionario es que cada vez que los consumidores -cualquiera sea su nivel de ingreso- pagan más caro cualquier producto o servicio, el Estado se lleva el 21% del nuevo precio a través del IVA. Incluso la leche, que está exenta, tiene una carga impositiva cercana a 20% del precio al público, según GNP.

A estas distorsiones se agregan los impuestos a los Ingresos Brutos, que van de 4 a 8% según provincias y sectores y se trasladan directamente al consumidor. Y el mal llamado "impuesto al cheque", que grava con 0,6% todos los movimientos de cuentas bancarias y es tan distorsivo como las retenciones a la exportación. En el caso de los cigarrillos, quienes fuman deben saber que un 48% del precio se hace humo en carga tributaria.

En los últimos años subieron tanto o más que la inflación las valuaciones para el ABL y los impuestos inmobiliarios, al igual que otras tasas municipales. A su vez, las patentes de automotores se ajustan según la valuación del vehículo en la póliza de seguros. Cuando cargan nafta, que aumentó también más que la inflación, los automovilistas pagan al pie del surtidor más en impuestos (entre IVA y el gravamen específico de 62%) que en combustibles, cuyos precios a su vez se toman como base para actualizar las multas de tránsito. Todo un desincentivo para el plan ProCreAuto, que busca empujar transitoriamente las ventas de 0 kilómetros con precios algo más bajos y créditos a tasas fuertemente subsidiadas; precisamente frente a una inflación superior al 34% anual.