Los tiempos se acortan y se acercan las definiciones en el caso Ciccone: antes del fin de semana próximo estarán indagados todos los acusados y el juez quedará en condiciones de resolver si procesa a Amado Boudou y a sus supuestos cómplices.

Ayer al mediodía, el juzgado de Ariel Lijo hizo público que se habían adelantado todas las citaciones. El juez lo decidió en la misma resolución en la que rechazó los últimos pedidos del vicepresidente: Lijo no televisará la indagatoria de Boudou ni le dará trámite urgente a su planteo de nulidad.

"En función de la ratificación del planteo de nulidad efectuado por la defensa, y considerando la solicitud de pronto despacho, fórmese el incidente correspondiente y córrase vista a todas las partes", escribió el juez. Esto significa que le dará el trámite normal al pedido de Boudou. Le llevará varios días resolverlo. Lo que pide el vicepresidente es que Lijo declare que su propio llamado a indagatoria estuvo mal hecho y no es válido. Según Boudou, el juez le hizo acusaciones basadas "en afirmaciones falsas".

De todos modos, la defensa no espera que Lijo vuelva sobre sus pasos; aspira a que, en un futuro, la Cámara Federal revise la causa y declare nula una indagatoria que para entonces ya habrá sido tomada.

Lo cierto es que pasado mañana, a las 11, Boudou está obligado a presentarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py. Él mismo pidió que se adelante su citación. En nada influye su planteo de nulidad. Él y sus abogados aseguraron que va a ir. Dijeron que el vicepresidente va a escuchar las acusaciones, a dar su versión de los hechos y a contestar las preguntas del juez y el fiscal.

El pedido de nulidad se tramitará en paralelo, por separado, y no frenará la causa. Ayer al mediodía, la fiscalía de Jorge Di Lello -que debe opinar sobre si el llamado a indagatoria estuvo bien hecho o no- todavía no había recibido la notificación del juzgado pidiéndole su dictamen.

El plan original de Lijo era que Boudou declarara el martes 15 de julio y los otros cinco acusados, entre el miércoles y el viernes de esa semana. Con el nuevo cronograma, pasado mañana será escuchado Boudou; el martes, su socio y amigo José María Núñez Carmona; el miércoles, su supuesto testaferro Alejandro Paul Vandenbroele; el jueves, Rafael Resnick Brenner -ex jefe de Gabinete de asesores de la AFIP- y dos horas más tarde, Guillermo Reinwick -yerno de Nicolás Ciccone y aparente intermediario entre la familia que era dueña de la imprenta y el grupo de Boudou-. Cerrará la tanda de audiencias, el viernes, el propio fundador de la empresa.

La indagatoria es un acto de defensa: el juez le presentará a Boudou las pruebas en su contra para que él, si lo considera conveniente, se defienda. Después, el Código le da diez días para decidir si lo procesa, pero los jueces suelen no cumplir este plazo; sostienen que es "ordenatorio" y, por ende, prorrogable.

También es habitual que si las indagatorias previstas son varias, las situaciones procesales de los acusados se resuelvan una vez que el juez haya escuchado a todos. Es por eso que el adelantamiento de las citaciones dispuesto ayer en el caso Ciccone permite suponer que se acelerarán todas las definiciones en el expediente; incluido un eventual procesamiento del vicepresidente.

La respuesta de Lijo al último escrito de Boudou fue firmada ayer al mediodía y dada a conocer en la página web del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte.

El juez y sus secretarios habían trabajado en la causa toda la mañana. La redacción final de la respuesta al vicepresidente fue terminante: "Con relación al pedido de habilitación de día y hora, toda vez que no se dan en el caso las excepciones previstas, no ha lugar". Así contestó Lijo que no iba a trabajar el fin de semana para acelerar la respuesta a su planteo de nulidad de la indagatoria. Con la misma fórmula, "no ha lugar", respondió también el pedido de televisación. El fundamento fue el artículo 204 del Código Procesal, que dice que el sumario es público para las partes, pero "siempre secreto para los extraños". El juez dijo además que estaban en juego dos garantías constitucionales: la de igualdad ante la ley y la de "debido proceso".

Lijo había dejado ya su despacho del tercer piso de Comodoro Py cuando en el mismo edificio, dos pisos más abajo, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, se preparaba para la indagatoria. Como responsable del edificio, estaba preocupado por la visita del lunes (con posible movilización incluida) y coordinaba con las autoridades policiales el operativo de seguridad para recibir al vicepresidente.