Llamativamente, la cuestión de la inseguridad nunca estuvo presente en los prolongados discursos con que la Presidenta inauguró las sesiones ordinarias del Congreso en los últimos años.
Nadie en su sano juicio puede dejar de condenar el linchamiento de una persona -la equivocadamente llamada "justicia por mano propia"- aun cuando se trate de un delincuente. No deja de ser un acto de cobardía y un delito alevoso, pese a que pueda ser explicado por un estado de indefensión, hartazgo o desesperación de algunos de los linchadores. Pero el mensaje que dejó la jefa del Estado, al elegir hablar de esta clase de episodios de violencia, fue el de una mandataria más preocupada por garantizar los derechos de delincuentes antes que los derechos de muchos argentinos de bien, como los numerosos jubilados que en lo que va del año murieron durante asaltos en los que fueron atacados con armas o golpeados salvajemente.
En la Argentina, muere un jubilado cada cuatro días en un hecho violento. ¿Acaso no hubiera sido saludable que Cristina Kirchner se ocupara de solidarizarse con estas víctimas inocentes al tiempo que hacía pública su condena a los linchamientos tan de moda? El silenciamiento oficial de algunas cosas encubre también una dosis de violencia y a veces puede sembrar un sentimiento de violencia en muchos más.
Se observan en las últimas semanas datos concretos de que la temperatura social está en aumento. El nivel de conflictividad social medido en cortes de la vía pública en todo el país registró en marzo su valor más alto desde 2010. Hubo un total de 658 piquetes, un 27% más que el mes anterior y un 48% más que en marzo del año pasado, según un informe de la consultora Diagnóstico Político, dirigido por Pablo Giusto.
Uno de los datos más significativos que arroja ese estudio se advierte al desglosarse los actores que protagonizaron esos cortes de calles. Es que, después de los trabajadores estatales, que llevaron a cabo 241 piquetes en marzo, son los grupos de vecinos autoconvocados, con 122, el sector que más acciones de protesta de ese tipo efectuó, y la gran mayoría de ellas tuvo como motivo de reclamo la seguridad. En los últimos años, se trata del actor que más creció como protagonista de piquetes, desplazando al tercer lugar a las organizaciones sociales.
En estos días, se habló desde distintos sectores políticos de un Estado ausente frente al delito. La cuestión no parece del todo bien enfocada. Es mucho más grave. Porque, en rigor, existe un Estado, existen leyes, existen jueces, existen policías y hay un presupuesto. Lo que no existe es un sistema, entendido como un conjunto de elementos que interactúen interrelacionados para generar algo cualitativamente diferente de lo que producirían esas partes de manera aislada. Y mal puede existir un sistema eficiente contra la inseguridad cuando esta cuestión ha sido invariablemente tapada bajo la alfombra presidencial.
