Las dos noticias tienen un denominador común: la desesperación oficial por el agotamiento de las fuentes de financiamiento de un cada vez más grande déficit fiscal.

Ninguna de las dos decisiones estará exenta de consecuencias. La primera tendrá su correlato en un probable agravamiento de las relaciones con inversores extranjeros que apostaron a bonos argentinos atados al crecimiento de la economía. La segunda impactará en las ya de por sí complicadas negociaciones salariales y les ofrecerá a los gremios más duros argumentos para sostener sus demandas de incrementos superiores al 30 por ciento.

¿Por qué el Gobierno decidió anticipar el anuncio sobre la virtual eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos cuando la idea original era hacerlo una vez que estuvieran finalizadas las principales negociaciones paritarias? ¿Por qué se precipitó esta medida cuando todo apuntaba a que el mejor momento para dar a conocer la nueva política en materia tarifaria era durante el campeonato mundial de fútbol que se disputará en Brasil desde junio?

La respuesta sería más sencilla de lo que parece. El Gobierno habría resuelto ceder ante las presiones sindicales. Detrás del anuncio del fin de las tarifas subsidiadas para la mayor parte de la población, incluidas la totalidad de la clase media y la mayor porción de los trabajadores asalariados, hay un sutil mensaje del Gobierno al sindicalismo. Si hasta ahora los funcionarios presionaron a los popes gremiales para que moderaran sus demandas y negociaran aumentos salariales no superiores al 25%, ahora dejarían de ejercer esa presión, al menos entre gremios alineados.

Ese cambio de actitud no es casual. El paro general convocado por las centrales sindicales lideradas por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo para el 10 de abril puso al Gobierno al borde de un ataque de nervios. No tanto por la previsible actitud del camionero y el gastronómico ni por la esperada adhesión de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce Pablo Micheli, sino por la amenaza de gremios del transporte (colectiveros y ferroviarios) enrolados en la CGT supuestamente oficialista de sumarse al paro.

Si los gremios más afines al kirchnerismo entienden el mensaje del Gobierno, que podría incluir cierta predisposición a saldar supuestas viejas deudas con las obras sociales sindicales, el paro convocado podría perder algo de fuerza. Al menos ésa es la ilusión de algunos hombres del Gobierno.

Quien más sufrirá en lo inmediato las consecuencias del ajuste derivado del fin de los subsidios a las tarifas es Daniel Scioli, en medio del conflicto docente que ya ha dejado a más de tres millones de niños sin clases durante 16 días. Una de las últimas balas del gobernador fue el compromiso del gobierno provincial a reabrir la paritaria en septiembre si las condiciones inflacionarias lo ameritaban. Pero los gremios docentes rechazaron la propuesta, y la esperanza de Scioli ahora parece centrada en lo que pueda hacer la Justicia para garantizar el retorno a las aulas.

OTRO FRENTE

Al ahorro que para el Estado representará la eliminación de subsidios habrá que sumar unos 3500 millones de dólares que se tendrían que haber pagado a fines de año a los tenedores de bonos atados al PBI si la economía crecía en 2013 más de 3,25 por ciento. Esto no ocurrirá por cuanto el Indec se rectificó ayer de su última proyección, que daba cuenta de un crecimiento de la economía cercano al 5 por ciento. Conforme a la nueva medición, el organismo oficial anunció que la economía sólo creció 3%, por lo que el Estado no tendrá que gatillar el pago a los bonistas.

Es cierto que la cifra dada a conocer ayer por el Indec es más realista que la anterior, en tanto la mayoría de las consultoras privadas había estimado un crecimiento inferior al 2 por ciento en 2013. Podría interpretarse que es una buena señal. Pero también, que las autoridades argentinas manipulan las estadísticas a su antojo para no pagarles más a sus acreedores, del mismo modo que lo han hecho con los bonos ajustables por inflación, merced al falseamiento del índice del costo de vida que se practicó desde 2007.