Los pormenores del affaire Propyme son tan escabrosos que ayudan a olvidar el cuadro general en el que se inscriben: una amplia red de prestaciones cruzadas entre la clase política y el submundo del dinero que sirve de soporte a otros negocios irregulares. Entre ellos, el narcotráfico.
Propyme es un eslabón más en una cadena conocida. Las parvas de efectivo que generaba Lázaro Báez se pesaban en SGI, la "cueva" que el contador Daniel Pérez Gadín le arrebató a Federico Elaskar y que fue rebautizada, con desparpajo, La Rosadita. Los recursos que circulaban alrededor de Sueños Compartidos , el programa social de viviendas que administraban Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender , se canalizaron a través de una sociedad similar: Cooperativa Monetización, del prestamista Fernando Caparroz.
Y en la urdimbre que vincula a Amado Boudou , José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele con la imprenta Ciccone hay una caja oscura llamada The Old Fund. En la protohistoria del kirchnerismo, cuando se ventilaron los sobreprecios en la construcción de gasoductos -el "caso Skanska"- aparecieron fábricas de facturas apócrifas para enmascarar el pago de comisiones.
Estas sociedades forman parte de un inframundo por el que circula la plata negra de la corrupción pública y a través del cual se comprende, de manera cada vez más clara, el funcionamiento del país. Las "cuevas" ofrecen sus servicios a los funcionarios que quieren percibir los sobornos que han pactado. Es muy habitual que los contratistas del Estado, sobre todo los de obra pública, sufran demoras exasperantes para cobrar sus certificados. Cuando lo logran, reciben cheques posdatados con la indicación de la financiera donde pueden cambiarlos por efectivo, con una tasa de descuento. Esa tasa no corresponde al riesgo de incobrabilidad del cheque. El "cuevero" sabe que se lo van a pagar. Lo que cobra con la tasa es la coima del funcionario que le envió el cliente.
Los proveedores del sector público integran sólo uno de los grupos que recurren a las "cuevas". Cualquier pyme con dificultades para que un banco la financie termina descontando los cheques en esas casas marginales con un costo que puede ir del 70 al 100% anual. Para evitar obvios problemas de reputación, muchas entidades conocidas han constituido sociedades paralelas que operan en ese mercado sombrío.
Es el mismo régimen oficial el que arroja a la informalidad a muchas empresas medianas y pequeñas. Para advertirlo basta comparar los requisitos que existen en la Argentina para abrir una cuenta corriente con los de cualquier otro país. Sin mencionar la extraordinaria presión impositiva que lleva a muchísimas sociedades a evadir una parte de su actividad para evitar la bancarrota. Ese margen "negro", tan extendido, se opera a través de las cuevas. De modo que las asfixiantes regulaciones del sector formal amplían más y más el informal.
Estas delicias del "proyecto nacional y popular" se vuelven dramáticas entre los más débiles. Al margen de las financieras reguladas por el Banco Central, existe una enorme cantidad de mutuales que otorgan créditos a empleados y jubilados. A esos desahuciados se les descuentan los préstamos con un código del recibo de sueldo. Pagan tasas a menudo usurarias. En algunos casos pueden superar el 100% anual. Propyme nació como una mutual de ese tipo. En la misma dirección de La Rosadita funcionaba La Única, que movía más fondos que la propia "cueva" de Elaskar. Este sector debería ser controlado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que preside Patricio Griffin, un amigo personal de Alicia Kirchner. Antes lo condujo Norberto Bener, de La Cámpora. Paladines de la inclusión social.
Parte del dinero con que se fondea esta gran telaraña de prestamistas proviene de la corrupción de los funcionarios. Para detectar ese sótano de plata negra no hace falta visitar la casa, digna de la tapa de Architectural Digest, que un miembro del gabinete se hizo construir en la urbanización The Roads, de Miami. Ni recorrer los interminables campos que un gobernador ambicioso viene comprando en la provincia de Buenos Aires. Tampoco disfrutar de las propiedades que un ministro municipal está adquiriendo, con documento europeo, en Italia. Alcanza con saber que para controlar como corresponde una elección en la Argentina hacen falta alrededor de $ 25 millones por turno. Es la propina que reciben los fiscales y que, por supuesto, no se declara ante la AFIP. De modo que en el puntapié inicial del juego democrático aparece ya la corruptela.
The Economist dedicó su tapa de esta semana a "La nueva era del capitalismo de amigos". Se refiere a un fenómeno dominante en los mercados emergentes, por el cual empresarios vinculados con la política, "en vez de agrandar la torta, sacan una tajada cada vez más grande de ella". La Argentina figura en el undécimo lugar del índice de los países en los que progresan más los hombres de negocios mejor contactados. En el año 2007 estaba cinco lugares más abajo. México no se movió de la séptima posición. Y Brasil pasó de la 13a a la 14a. Los sectores más favorables a esta connivencia son, según ese trabajo, la infraestructura, la energía y minería, los aeropuertos y la banca. Figuran también, antes que nada, los casinos, cuya expansión local, asociada a Cristóbal López, fue paralela a la consolidación del kirchnerismo.
Los flujos de dinero negro han generado una institucionalidad poco visible y muy atractiva para las denominadas redes del crimen transnacional. Sólo una gran distracción podría desconectar los dispositivos de blanqueo que aparecen en los casos Oyarbide/Liuzzi/Greppi, Bonafini/Schoklender, Boudou/Ciccone o Báez/Elaskar con la estridente denuncia del episcopado católico sobre la radicación del narcotráfico. Un botón de muestra: a mediados de enero fue detenido por tráfico de drogas y lavado de dinero Ignacio Suris, amigo de Leonardo Fariña, el administrador de las sacas de Báez que llegaban a lo de Elaskar.
Los narcos descubrieron antes que Axel Kicillof que la economía local es bimonetaria. Por la inusual facilidad para acceder al dólar, la Argentina ofrece para las organizaciones de delincuentes internacionales un encanto similar al que ofrecía Ecuador para los jefes de finanzas de las FARC: no por casualidad los dos más importantes, Jhon Faber Capera Tique y Juvenal Ovidio Palmera, cayeron en ese país. Además, los controles sobre adquisición de activos, tan severos para quienes pagan sus impuestos, se vuelven laxos para los criminales. Por ejemplo: cada vez que cae una familia narco se sabe que contaba con una flota de autos de alta gama para cuya adquisición, hay que suponer, habrá tenido que completar las planillas de la UIF.
El círculo se cierra cuando el Gobierno promueve un blanqueo indiscriminado, que se va prorrogando sin cesar: todavía está vigente el mecanismo para cambiar dólares no declarados por Cedines.
Para el experto Edgardo Buscaglia, las redes financieras son canales en el blanqueo del narcotráfico. Pero "las actividades más relevantes que facilitan ese negocio son la compraventa de jugadores de fútbol, el sector agropecuario y el farmacéutico". A propósito de esto último: todavía hay una causa judicial abierta sobre los fondos que derivaron a la campaña de Cristina Kirchner del año 2007 varias droguerías involucradas en el tráfico de efedrina. Uno de esos empresarios fue asesinado en el triple crimen de General Rodríguez. Elisa Carrió y Graciela Ocaña denunciaron a Aníbal Fernández como protector de esa banda. Para Fernández son calumnias.
La estructura de reciclado de activos sospechosos, intrínseca a la corrupción, es la interfase entre la delincuencia organizada a escala internacional y las instituciones formales de la política. Una caracterización exhaustiva del fenómeno se puede encontrar en el paper Understanding the Structure of Transnational Criminal Networks operating in the US/Mexico Border and the Southeastern Border of the European Union, que acaba de publicar la Vortex Foundation, bajo la dirección de Luis Jorge Garay Salamanca.
El problema de la baja calidad de la política y su vinculación con las redes de delincuencia va modelando la imagen internacional del país y tiende a instalarse en la agenda electoral. Es un desafío para todos los candidatos. Y una exigencia especial para peronistas como Daniel Scioli o Sergio Massa, que deberán tomar posición sobre lo que ha sucedido en la dimensión moral de la vida pública durante la "década ganada".
