Lo hizo el miércoles a la tarde, cuando el escándalo por los allanamientos financieros bordeaba la Casa Rosada y había dejado grogui al polémico magistrado. Así, Oyarbide superó sus horas más difíciles, aunque su suerte no está decidida. La oposición pide la destitución y todo depende de Cristina.
La Presidenta habló ofuscada con Carlos Zannini, porque el secretario Legal ya enhebraba una ofensiva contra la estabilidad de Oyarbide para vengarse por sus comprometidas declaraciones en la Justicia. Dijo que su segundo, Carlos Liuzzi, lo llamó para frenar un allanamiento.
Cristina intenta “poner paños fríos” porque los informes de inteligencia, indican que las acciones del magistrado son aún peores que recibir sugerencias de un funcionario para que frene un delito. La información que existe en el Gobierno indica otra cuestión: los policías y el secretario del juzgado, Carlos Leiva, que actuaron en nombre de Oyarbide, habrían pedido sobornos y coimas en unas 22 financieras el último 19 de diciembre.
La nómina se encuentra en poder de la Justicia y ahora serían citados cada uno de sus propietarios. El sistema financiero es un hervidero, porque se habla de una recaudación ilegal de veinte millones de pesos.
La estrategia judicial la determinó Oyarbide utilizando una argucia legal para habilitar una denuncia anónima y, así, los polémicos allanamientos.
Ahora, en el juzgado federal de Luis Rodríguez existen constancias a investigar de que en todos los casos se habría actuado de la misma manera que en la Asociación Mutual Propyme: se pidió un soborno para frenar la acción judicial.
En muchos de los 22 allanamientos se habría pagado la coima para frenar las violentas acciones. Pero el financista Guillermo Greppi no aceptó el apriete, argumentando que Propyme tiene todo en blanco y al día con las regulaciones del Banco Central.
En las oficinas de Propyme pasó de todo y hubo hasta escenas de pugilato entre el banquero y los enviados del juez.
Después, Greppi llamó a Carlos Liuzzi –amigo de la infancia – y el funcionario habló con Oyarbide. Por eso la orden de la Presidenta de “cuidar” al magistrado tiene fuertes riesgos políticos. De confirmarse las denuncias, podría implicar encubrir delitos serios.
Oyarbide habría –por ahora– logrado su objetivo político. Frenar embates de la Casa Rosada. El juez adicto al cristinismo ya había manifestado su malestar por lo que consideraba un maltrato del oficialismo. Para Oyarbide, muchas informaciones que lo desprestigian surgieron de informes de inteligencia de la ex Side. Por eso hace unos meses tuvo un duro cruce telefónico con Gustavo López, el subsecretario de la Presidencia. Desde un restaurant de Puerto Madero habló a los gritos, acusando a la Casa Rosada de hacer operaciones en su contra. “ Yo no soy tonto, ustedes fueron los que dieron la información del anillo”, decía a los gritos, para asombro de los comensales. Según fuentes bancarias, Oyarbide afectó a un funcionario de bajo perfil para enviar un mensaje a la Casa Rosada: que si no lo protegen, está dispuesto a dañar al Gobierno, aunque el magistrado se vea perjudicado.
Las andanzas no asombran a los hombres de negocios, golpeados por la difusión de los aprietes y presión al jefe de la UIA. Héctor Méndez confirmó el anticipo de Clarín en la reunión previa al imprevisto encuentro con Cristina.
Hace una semana la cúpula fabril recibió la invitación de la Presidenta de concurrir a la Quinta de Olivos. Fue después de que se conoció la versión del apriete y para demostrar que no había persecución hacia la UIA. Pero en el encuentro preparatorio, Héctor Mendez se sinceró frente a un nutrido grupo de industriales: “ Es verdad, me presionaron y yo acabo de vender las acciones de empresa de construcción, porque no admito extorsiones.” Méndez contó cómo el propio Roberto Baratta lo hizo frente a múltiples testigos. Estaban los socios de Méndez, varios empresarios de la construcción e incluso de la firma kirchnerista Electroingeniería. Frente a ellos, el viceministro de Planificación dijo: “A la empresa de Méndez no la vamos a elegir más en las licitaciones de obra pública.” Mendez contó a sus colegas que se trataba de una represalia, a causa de sus críticas al equipo económico y sus advertencias sobre la inflación.
Los hombres de negocios acordaron no sacar el tema en Olivos. Los funcionarios omitieron la cuestión y Cristina fue amable con la cúpula fabril. Sólo Baratta intentó esconder el apriete al jefe de la UIA, la entidad empresaria políticamente más importante de Argentina. Así lo dijo: “Esa información es una operación para hacer fracasar el encuentro con Cristina.” Hubo un silencio y el vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti lo contradijo: “Antes de venir a Olivos, el propio Mendez nos contó cómo fue tu apriete.” La Presidenta tuvo una actitud cordial y para eso denostó el proyecto para controlar precios de Héctor Recalde. “Hablemos en serio, no lo tengan en cuenta,” les dijo. Pero los hombres de negocios dudan y advierten la existencia de un doble discurso. Unas jornadas después, Juan Cabandié avanzó en la misma dirección que Recalde.
El Gobierno quiere culpar a los empresarios de la inflación que genera la mala política de Cristina. Pero esa apuesta es una pésima estrategia, como se deduce del informe que le presentó Juan Carlos Fábrega a la Presidenta. El titular del Banco Central insiste que sus medidas “lograron ganar tiempo”. Pero se quejó duramente ante la Presidenta de una cuestión central: la inacción política de Kicillof para reducir el déficit y atacar la inflación.
