La exhortación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a los "otros poderes del Estado" para que consideren "prioritaria" la "agenda del narcotráfico" adquirió particular resonancia luego de que, sólo cinco días antes, Cristina Fernández de Kirchner eludiera hablar sobre ese flagelo en su prolongado discurso con el que inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso.
En noviembre último, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, había lanzado una advertencia similar a la de Lorenzetti, aunque mucho más dura. Denunció que el país podía correr la misma suerte que Colombia y México, y que a la actual situación de desborde se habría llegado "con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes".
El tema de la inseguridad y del narcotráfico siguió creciendo en la agenda de preocupaciones ciudadanas. Pero no en la del gobierno nacional, que por demasiado tiempo intentó ocultar la cuestión y hasta se dio el lujo de mantener acéfala a la Sedronar por casi nueve meses. Su actual titular, el sacerdote Juan Carlos Molina, ayer pareció aportarle una cuota de sinceridad al Gobierno cuando admitió que "la droga está en la calle y los pibes se falopean".
Pero la contradicción es permanente en la fracción gobernante. Divide entre quienes reconocen una cada vez más dura realidad y quienes la esconden debajo de la alfombra. La Presidenta tuvo el sábado pasado, ante la Asamblea Legislativa, la posibilidad de hacer un llamado para declararle la guerra al narcotráfico. Mas la desaprovechó. Prefirió refugiarse en el relato oficial, el mismo que cultivó el canciller Héctor Timerman cuando cuestionó al gobierno de los Estados Unidos por un informe crítico sobre el avance de las drogas en la Argentina y sugirió que es el país del Norte "el principal problema del narcotráfico".
Mientras los funcionarios kirchneristas discutían si la Argentina es o no es un país productor de drogas, el auge de los sicarios continuó avanzando en lugares como Rosario y ya asoma con crudeza en la Capital Federal, pese a que la fiscal Cristina Caamaño, la elegida de la Casa Rosada para reemplazar al desplazado José María Campagnoli, sugirió que el reciente asesinato ocurrido en los bosques de Palermo podía tratarse de un crimen pasional.
El debate sobre la inseguridad y el narcotráfico también obligó a replanteos en la oposición. Ayer, tanto el titular de la UCR, Ernesto Sanz, como el líder de Pro, Mauricio Macri, juzgaron que no están dadas las condiciones para discutir la reforma del Código Penal, tomando distancia de hombres de sus partidos que impulsaron ese proyecto. Los reflejos de Sergio Massa para ponerse al frente de las objeciones a esta reforma, al considerar que privilegia la situación de los delincuentes, forzaron evidentemente al resto de la oposición a enfriar la cuestión.
