El protagonismo político de las ciudades no es un invento de politólogos, es la consecuencia de la aceleración de la dinámica territorial que a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del actual ha ido concentrando en las áreas urbanas actividades económicas, capacidad de decisión, infraestructuras, oferta de servicios avanzados y tramas relacionales.
No sólo los habitantes urbanos somos la mayoría del planeta, sino que el porcentaje de urbanización es creciente, y, en ese marco, América latina es una de las áreas donde el proceso es más intenso. Por esa razón, constituye un desafío la construcción de entornos urbanos dignos, en los que la materialización de los derechos ciudadanos no sea una declamación vacua o un horizonte utópico, sino la agenda de trabajo de autoridades públicas y sociedad civil.
Con esa visión, en toda la región un conjunto de ciudades pertenecientes a diez países han formalizado la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables ( http://redciudades.net/blog/ ). Sin embargo, el rasgo distintivo de la red no es la ampulosidad inevitable de sus objetivos, sino la menos rimbombante pero más necesaria practicidad del método que utiliza para lograrlo, por medio de dos sencillos instrumentos.
Efectivamente, la primera herramienta ensayada ha sido la promoción de un pacto entre todas las iniciativas, para medir mediante mecanismos de calidad técnica veinte ítems (con más de 40 indicadores) que reflejen los múltiples y complejos aspectos que evidencian la calidad de vida urbana y el nivel de cumplimiento efectivo de los derechos. Este proceso complejo está en marcha con distintos niveles de avance en cada una de las ciudades. Medir de modo cierto y sostenido en el tiempo no es sólo una herramienta de comparabilidad, sino el marco de un debate racional y de la búsqueda de soluciones ajustadas. Los indicadores pactados son una referencia relevante que ayudará en el tiempo a una mirada atenta de las buenas y malas prácticas de cada ciudad.
La segunda herramienta es el compromiso público de autoridades y candidatos, lo que se denomina un "plan de metas", y que no es más que la elección de prioridades para la gestión pública, sometida a un monitoreo abierto y periódico de los logros en relación con los objetivos propuestos.
Es impensable que en el marco de un proceso de urbanización, ciertamente caótico, como el que estamos viviendo no perfeccionemos nuestros mecanismos de debate y búsqueda pública de soluciones, del mismo modo que resulta inexcusable el uso de todas las herramientas que pueden hacer posible la constitución de espacios de gobernanza calificada.
En la Argentina, donde ya el 93 por ciento de la población vive en ciudades, muchas de las cuestiones urbanas son poco atendidas institucionalmente, aunque deben destacarse significativos esfuerzos desde organizaciones de la sociedad civil y otros agentes sociales en su lucha por un hábitat de mayor calidad. Como una expresión de esa energía, hay un movimiento intenso a favor de estos instrumentos que buscan certidumbre en los datos y compromisos públicos, que ya se ha puesto en marcha en las ciudades de Córdoba, San Martín de los Andes, Mendoza, Maipú (Mendoza); Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.
Pensar el lugar que vivimos y hacerlo con información y transparencia podrían ser las nuevas bases de un mejor modo de gobernarnos.
