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Mientras desde el oficialismo se fomentan proyectos de ley para crear organismos de regulación, control y comercialización de granos, por otro lado se advierte sobre la problemática de aplicar estas viejas ideas en nuevos contextos. 

Desde la banca privada argentina se ha evaluado y se han identificado alguno de los problemas de esta anacrónica aplicación:

- el nacimiento de un enorme y costoso organismo burocrático que superpondría controles sobre los ya existentes y más sofisticados, todos en manos del mismo Estado, y distorcionaría la producción y el mercado del sector, bloquearía el financiamiento externo al país estimulando la fuga de capitales sin resolver los problemas coyunturales" como la retención de granos por el productor como reserva de valor, al carecer de facultades compulsivas.

- perjudicaría más que en el pasado dados los cambios históricos y, además, añadiría un enorme costo adicional al fisco para duplicar el complejo entramado de controles vigentes sobre ese sector

- favoritismo y corrupción, serían otros peligros que ya se vivieron antes de disolverse la Junta Nacional de Granos, desechada por los cambios en las transacciones internacionales contemporáneas pero que, adicionalmente, contravendría hoy las normas de la actual Organización Mundial del Comercio, ex GATT, a las que la Argentina adhirió oficialmente en 1968, ya que el hipotético ente estatal estaría imposibilitado de otorgar subsidios o aplicar restricciones a las exportaciones

- en un mundo caracterizado por el ya casi inexistente comercio entre Estados, puesto que hoy se efectúa entre privados, y sin la propiedad de puertos, acopios, elevadores, etc., la restauración de un organismo de esa naturaleza exigiría un voluminoso presupuesto fiscal para cumplir funciones de supervisión, información y contralor que actualmente ya se realizan a través de los Ministerios de Economía, Agricultura, Transporte y Relaciones Exteriores, y organismos estatales como AFIP, DGI, Dirección General de Aduanas, SENASA, UCESCI (continuadora de la ex ONCCA), INTI, INTA y el Banco Central.

Es decir que las funciones de la ex Junta Nacional de Granos, en cuanto a control, perduran bajo la órbita del Estado, y el sistema para la liquidación de divisas es hoy controlado por la AFIP, el Banco Central, la Aduana y el Ministerio de Agricultura. 

- por otra parte, las instalaciones para el comercio de granos y sus derivados industriales son actualmente privadas, por lo que el eventual organismo estatal terminaría dependiendo de la provisión de servicios del sector privado para competir con éste

- las distorsiones provocadas en la comercialización comenzarían a engrosar el déficit fiscal. Si la eventual oficina de granos fijase un precio sostén o mínimo ostensiblemente inferior al precio internacional o FAS teórico por ejemplo para el trigo, no tendría oferentes. Asimismo, la fijación de un precio sostén implicaría importantes pérdidas para el Estado en relación con el denominado precio de paridad (el precio internacional menos los gastos de elevación y de exportación) cuando éste resulte inferior al anterior. Esas pérdidas implicarían más déficit fiscal para ser financiado mediante aumento en los impuestos.

- cuando el ente estatal deba vender el grano tendrá las opciones de exportarlo o venderlo a las fábricas procesadoras, por lo que tendrá que competir con éstas al momento de comprar la materia prima. Los productores, como vendedores, podrán elegir entre un organismo, sometido a las demoras emergentes de la burocracia estatal para abonar sus compras, o el sector privado, con más rapidez y eficiencia para efectuar los pagos.

- no resuelve el caso de los productores de granos que los retienen como una reserva de valor ante devaluaciones y la inflación doméstica, ya que una eventual junta nacional de granos carecería de facultades excepcionales para obligar compulsivamente a su venta mientras en el presente tampoco lo hacen (o lo hacen a cuentagotas) a los exportadores. Es decir, el organismo estatal sería igualmente incapaz para inducir la venta de la soja retenida, actitud que reconoce razones distintas entre las que se identifica la desconfianza de los productores desde que el Gobierno en 2008 intentó aplicar sin éxito la Resolución 125 de aumento de los derechos móviles a la exportación.

- la intervención del Estado en el mercado, como indica la experiencia internacional, no asegura la mayor transparencia en la formación de los precios y, eventualmente dependiendo de la intensidad de la intervención, puede provocar la desaparición de los mercados a término, desalentando la inversión del sector, que no tendrá herramienta alguna para protegerse de la volatilidad de los precios internacionales

- la formación de un organismo de esa naturaleza exige importantes recursos para administrar los riesgos de la actividad

- estaría sujeta a las normas de la administración pública.  Esto es, la definición e implementación de los procesos y controles internos y externos a los que esta organización estaría obligada, requiere un esfuerzo considerable en virtud de los controles a los que están sometidos los organismos públicos en democracia

- el sector agroexportador es actualmente uno de las pocos, sino el único, que tiene acceso a financiamiento externo genuino. Una reducción significativa de esta liquidez forzaría al productor o al Estado a financiar la producción, con el consecuente mayor costo y volatilidad en el flujo de divisas. La incertidumbre provocada por la eventual creación de un ente estatal generaría una reducción del financiamiento disponible para el sector, influyendo negativamente en una menor disponibilidad de crédito (y su mayor costo) que desembocaría en una menor producción agrícola.

- la experiencia indica que durante el periodo de mercado libre la producción de la Argentina al igual que la del Brasil tuvieron un enorme crecimiento, en gran parte debido a mercados transparentes y líquidos. En cambio, la de los países con intervención estatal bajó o se mantuvo estable.