Quizás sea el ejemplo contemporáneo más perfecto de cómo una decisión oficial puede provocar una transferencia multimillonaria de dinero desde un sector (en este caso el primario, constituido por unos 25.000 productores de todo tamaño) hacia otros eslabones de la cadena (en este caso, un puñado de molinos y empresas exportadoras).
Axel Kicillof fue alumno de esa facultad, en la universidad pública. Pero se ve que allí, entre tanta teoría económica de la que fue lector destacado, quedó poco tiempo para casos concretos. Quizás por eso repita -y hasta exagere- las recetas de Guillermo Moreno: si uno impide artificialmente las exportaciones de un grano cuya producción es excedentaria, los silos se colman, hay sobreoferta y los compradores se sientan a esperar una baja de los precios. Es lo que sucedió de 2008 a 2012. Los productores no tenían quien compre su cereal.
Los resultados de esta receta están a la vista: la siembra de trigo se redujo a la mitad porque los chacareros se agotaron de tributar retenciones (ceden la cuarta parte de su ingreso un Estado que además los agrede), más otro impuesto “privatizado” del que abrevan unas pocas empresas, usualmente extranjeras. Que se entienda: durante mucho años el trigo valía 300 dólares en el mercado internacional, pero aquí el chacarero cobraba 150.
Lo que sí aprendió bien Kicillof es la parte del manual K que afirma: si algo sale mal, la culpa la tiene siempre otro.
Así, aseguró que la reciente crisis de oferta del cereal se originó en una mala estimación de la Bolsa de Cereales, que a mitad de 2012 esperaba 12,5 millones de toneladas de trigo. Seis meses después por el mal clima esa cosecha fue de 8,2 millones. Pero lo que no dice el economista es que también el Ministerio de Agricultura pronosticaba -en octubre de 2012- una producción de 11,5 millones.
