El constante crecimiento de la población en villas de emergencia y asentamientos porteños registrado en una década es un fenómeno delicado que debe ser, de una vez por todas, atendido convenientemente por las autoridades de los estados donde se radican esas urbanizaciones precarias.

Durante diez años se produjo una explosión de habitantes en villas de la ciudad de Buenos Aires: mientras que el censo de 2001 arrojó que vivían allí 107.422 personas, en la última medición, correspondiente a 2010, la cifra trepó a 163.587. Es decir, esa población se incrementó en un 52,3 por ciento. Las razones han sido varias y las explicaciones, muchas veces contradictorias, estuvieron casi siempre destinadas a justificar una situación que por falta de políticas adecuadas -cuando no por mezquindades políticas- terminó desbordándose.

El gobierno de la ciudad, en una nota reciente de LA NACION, reconoció públicamente que la política habitacional para los sectores más vulnerables no ha sido eficiente. Hubo algunas urbanizaciones, una pequeña erradicación -lo cual ha provocado que disminuyera la superficie total medida en hectáreas, pero no en altura-, y un control insuficiente para evitar que muchos de esos asentamientos crecieran sin control de ningún tipo hasta convertirse en verdaderos negocios inmobiliarios, como ocurre con las villas de Retiro.

Según la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las políticas erráticas y el suministro de fondos escasos a los organismos que intervienen en materia ambiental -agregado a la superposición de funciones- han ido en detrimento de la urbanización de las 30 villas y asentamientos del distrito. Por su lado, y sin asumir la parte de responsabilidad que le asiste, el gobierno nacional se ha mostrado prescindente, las más de las veces, respecto de los problemas de esos pobladores y de los inconvenientes que, con su acción, causan a otros vecinos y a visitantes de la ciudad. Un ejemplo de ello fue el recientemente prolongado corte de la autopista Illia por parte de un reducido grupo de personas que habían sido desalojadas de terrenos ferroviarios -es decir, del Estado nacional- en la zona de Retiro. El piquete se extendió durante ocho días en los que las autoridades de uno y otro distrito se acusaron mutuamente de no intervenir para solucionarlo, pulverizando así el principio de autoridad y avalando por omisión conductas inadmisibles. El problema de base, el reclamo injustificado de quienes cortaron la autopista, está lejos de resolverse y no debería tolerarse.

Otra arista de esta preocupante realidad es que, si bien son conocidos los peligros que afrontan muchos de los pobladores de villas de emergencia, que habitan en viviendas sumamente inestables, ese tipo de construcciones sigue sin pausa y sin los más elementales controles. Ello ha ocurrido a pesar de que la Justicia decidió, por ejemplo, prohibir el ingreso de materiales en la villa 31, una de las que más ha crecido en altura, con la construcción de precarias viviendas de hasta cinco pisos. Los controles no pudieron impedir que se siguieran ingresando materiales. Cabe recordar que se ordenó aquella prohibición tras haberse conocido el informe de un arquitecto contratado por el gobierno de la ciudad. Disfrazado de fumigador, el especialista recorrió ese asentamento durante un mes, tomando imágenes y relevando viviendas para evaluar las condiciones habitacionales.

Se detectaron entonces, entre otras graves y peligrosas anomalías, una enorme endeblez de las estructuras, la falta de un estudio de suelo que garantice seguridad, la improvisación en las expansiones verticales, la construcción de nuevas unidades con ladrillos huecos apoyados sobre medianeras de igual fragilidad, vigas de encadenado a la altura de la tierra y la falta de ventilación y luminosidad en los ambientes. A juzgar por ese documento, las villas, y en especial la 31, son como castillos de naipes que invitan a la tragedia.

Otra villa que ha crecido en población y en territorio es la 21-24, de Barracas. Es la más grande del sur porteño y su ampliación se explicaría, entre otras razones, en la intensa ola inmigratoria que ha recibido de países limítrofes. En el caso de los asentamientos de Retiro, donde el tema fue estudiado, el 64% de los habitantes es extranjero. También según cifras oficiales, casi el 60% de la población de villas y asentamientos vive en el sur de la ciudad. En la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) uno de cada tres habitantes reside en un barrio de extrema vulnerabilidad.

Uno de los argumentos con el que cierta dirigencia nacional ha procurado explicar el crecimiento de las villas en la Capital y en el conurbano, es la supuesta atracción que aseguran que ejerce en ciudadanos de países próximos el crecimiento económico de la Argentina. Pero que terminen viviendo en esas condiciones no habla bien de las oportunidades que somos capaces de ofrecerles.

Para decenas de miles de argentinos y de extranjeros condenados a la extrema vulnerabilidad, el eslogan de la "década ganada" es sólo eso: un eslogan tan falso como contradictorio, pues choca groseramente con el enorme crecimiento de estos extendidos bolsones de pobreza.