Pero hasta el momento no se siguió un criterio unificado para su regulación a nivel nacional, que brinde pautas claras sobre los usos correctos e incorrectos.
Por eso, hace un tiempo varios actores clave involucrados en el tema pusieron manos a la obra, para generar un documento de referencia, con opiniones técnicas y científicas, que ya se está analizando en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
La fuerza de esto lo marca la lista de quienes participaron: el Ministerio de Agricultura, ministerios de agricultura de las provincias, INTA, Senasa, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Aapresid, Aacrea, Fauba y la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca), entre otras.
Los aeroaplicadores, justamente, son una pieza clave de este debate. Desde la cabina de su avión, el secretario de Fearca, Sandro Peisino, explicó a Clarín Rural el objetivo de este trabajo.
El documento, indicó, busca fijar estrategias precisas que aseguren el uso adecuado y el control de las aplicaciones, a fin de cuidar la salud de las personas, animales y plantas, así como también del ambiente que los rodea y de la producción agropecuaria.
Hasta ahora, muchas comunidades del interior del país se limitaron a establecer distancias mínimas desde las zonas urbanas para la aplicación de los productos. “Pero más que una distancia determinada, nosotros recomendamos las buenas prácticas. Hay que hacer las aplicaciones de manera responsable, respetando las condiciones de humedad, temperatura, dirección e intensidad de viento, y utilizar la mejor tecnología disponible”, manifestó.
Y agregó, además, que los productos recetados por los ingenieros “deben ser banda verde y las empresas aplicadoras tienen que estar habilitadas”.
