DENVER, Colorado.- Con matices propios, la Argentina se convirtió ayer en uno de los focos de atención de un acalorado debate en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En él, más de 200 editores y periodistas de diarios independientes de todo el continente alertaron sobre el deterioro de la libertad de expresión como parte de un plan para erosionar la democracia en la región y apuntalar un modelo de poder con "líderes mesiánicos" a los que no les gusta rendir cuentas.

Presiones económicas, boicots publicitarios, campañas de descrédito, intimidaciones y el uso antojadizo de recursos públicos como herramienta de coacción para el intento de disciplinar el mensaje informativo. Todos estos métodos fueron denunciados como parte de una realidad cotidiana que, en la Argentina, se promueve desde el Gobierno con la intención de "acallar toda voz que cuestione su discurso".

En un panorama que se repite a lo largo del país y con un claro contenido federal, el paisaje que describió Daniel Dessein, del diario La Gaceta, de Tucumán, se completó con la enumeración de riesgos ciertos de que se "estatice" la producción de papel para diario o de que se decida una "intervención" gubernamental en empresas periodísticas.

El directivo reveló que la "preocupante situación" que vive la prensa en el país llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conceda, en los próximos días, una audiencia a periodistas argentinos para que expongan al respecto.

Se trata del mismo grupo de trabajo que, en el pasado, fue ponderado por el gobierno de Cristina Kirchner por sus denuncias sobre los derechos humanos durante el gobierno militar.

"Da pena ver cómo nuestros gobiernos se imitan en las cosas malas", comentó luego a LA NACION la reconocida bloguera cubana Yoani Sánchez. Fue ella, sin embargo, cuando le tocó el turno de hablar sobre su país, quien presentó el más desgarrador informe sobre la libertad de expresión en el continente.

"Se equivocan quienes piensan que las cosas en Cuba mejoran porque ahora está Raúl y no Fidel Castro", alertó. Con sus puntos de contacto, Venezuela y Ecuador fueron los otros ejes de la jornada.

Los informes por país constituyen una de las tradiciones centrales en las asambleas de la SIP. Son el fruto de un intercambio abierto de opiniones y, según se explicó, su elaboración es independiente de la estructura de la organización.

Su exposición suele ocupar la jornada más intensa de una deliberación que, en este caso, se prolongará hasta mañana. Junto con la Argentina, ayer fue el turno de exposición para Venezuela, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y Panamá, que concentraron las visiones más controvertidas.

Hoy será el turno de México. Una repetición de llamados de atención que hizo que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, coordinador de las exposiciones, alertara de que el actual ha sido "el peor semestre" del último quinquenio para los periodistas de las Américas.

"Existe un plan de demolición de las democracias para apuntalar a lideres mesiánicos que quieren perpetuarse en el poder", dijo Paolillo, quien integra el semanario Búsqueda, de Uruguay.

El informe sobre la Argentina se completó con un video de cuatro minutos en el que se refrescaron algunas de las situaciones vividas en los últimos seis meses en el país.

Hubo expresiones de asombro en el auditorio cuando el documental revivió el momento en que la Presidenta habló de "balas de tinta que intentan derrocar a gobiernos populares" e ironizó sobre la libertad de prensa con su "que sigan hablando de eso".

Mensajes mafiosos

Otro tanto sucedió cuando el registro reprodujo al vicepresidente Amado Boudou en momentos en que comparó a la prensa independiente con emisores de "mensajes mafiosos" que "intentan maniatar a todos" en la República Argentina.

Reprodujo también expresiones del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en su persecución a las consultoras independientes que intentan determinar el nivel de inflación al margen del desacreditado índice oficial que se elabora bajo el control de su gestión. Lo mismo sucedió con su prepotente irrupción en la asamblea de accionistas del Grupo Clarín, ocasión en la que fue acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Al término del informe, hubo un interesante cambio de ideas. La preocupación por el diagnóstico fue compartida "en algunos aspectos" por Rodrigo Conti, del Grupo Crónica, más cercano al Gobierno.

"Compartimos la preocupación, pero no queremos ser parte de la construcción de una realidad maniquea. Nos preocupa que siga apareciendo la queja por Papel Prensa, cuya situación nos pone en desventaja. También que se hable ahora de arbitrariedad en la distribución de publicidad oficial" cuando, años atrás, con otro gobierno, esto no sucedía, dijo.

Martín Etchevers, del Grupo Clarín, refutó al respecto que la queja por la distribución de publicidad oficial "es recurrente, al menos, en los últimos diez años, independientemente de quiénes sean los discriminados".

La insinuación de monopolio con la venta de papel para periódico que elabora Papel Prensa fue replicada por Norberto Frigerio, de LA NACION, al recordar que esa producción se vende en igualdad de condiciones a más de un centenar de periódicos en todo el país y que los precios compiten en igualdad de condiciones con el papel importado.

Se recordó también que hay otra productora en el país "obligada" a producir papel para diarios, que es la empresa Papel de Tucumán, y que, sin embargo, no lo hace.

Otro de los asistentes, Sergio Romero, de El Tribuno, de Salta, volvió sobre el clima de hostigamiento. "Yo agradezco el apoyo que nos está dando la SIP, porque la verdad es que nosotros venimos siendo objeto de amenazas y denuncias desde hace tres años por parte del Gobierno", expuso en el turno de comentarios.

El informe sobre la Argentina dejó también en claro los siguientes puntos:

Que el boicot publicitario contra los diarios Clarín, LA NACION, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas, con un costo estimado en 60 millones de dólares.

Que la intimidación a los anunciantes privados se combina con una arbitraria distribución de la pauta estatal.

Que, sin embargo, en este año electoral, la publicidad oficial aumentó y que su reparto siguió siendo empleado, en general, para nutrir a medios afines al Gobierno y castigar a los críticos.

Que el programa Fútbol Para Todos de difusión de los partidos, con entretiempos cargados de publicidad del Gobierno, se ha convertido en buena medida en un arma de propaganda oficial a un costo de 250 millones de dólares al año.

Que la ley de acceso a la información pública es sólo una aspiración en proyectos sistemáticamente ignorados en el Congreso.

Y que, a cuatro años de su sanción, la denominada ley de medios sigue siendo objeto de cuestionamientos; el escenario mediático que devino dista mucho del que pregonaron sus promotores, ya que lo que se observa es una pronunciada "colonización" de medios por parte del Gobierno.

La exposición del informe fue seguida, también y entre otros, por el director de La Voz del Interior y presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Carlos Jornet; Marcela Noble Herrera, de Clarín; Leonor Etchevehere, de El Diario, de Paraná; Jorge Fascetto, del Diario Popular, y Ernesto Kraseiburd, de El Día, de La Plata. Junto a ellos estuvo el director de LA NACION, Dr. Bartolomé Mitre.

Un diagnóstico preocupante

Claves de las observaciones hechas en la asamblea anual

Llamados de atención

En Denver, durante la asamblea de la SIP, los editores independientes alertaron sobre las diversas presiones oficiales sobre los medios no oficialistas

Presión económica

Destacaron las presiones económicas y los boicots publicitarios, que llevan ya ocho meses y cuyo daño constituye el golpe más duro a los diarios independientes en varias décadas

Pauta arbitraria

También destacaron la arbitrariedad con que se distribuye la publicidad oficial, utilizada por el Gobierno para alimentar a los medios oficialistas y castigar a los que son críticos