El caso del general César Milani ha roto la última frontera de coherencia que el cristinismo había preservado, que era la revisión del pasado en materia de derechos humanos. Aunque el pasado le sirvió también para hacer política interna, lanzando falsas acusaciones contra opositores o críticos, lo cierto es que el Gobierno fue, hasta ahora, implacable con los militares sospechados de haber violado los derechos humanos durante la última dictadura.
El caso Milani es doblemente transgresor de esa frontera. No sólo permanece en actividad a pesar de las pruebas que se acumulan sobre su carrera militar; también alcanzó, en medio de sospechas y acusaciones, el control del Ejército y de los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas. El Gobierno se debatía ayer en la necesidad de elegir una estrategia para postergar el debate en el Senado sobre el ascenso de Milani hasta después de las elecciones primarias de agosto. El ascenso de Milani al grado de teniente general, el más alto del Ejército, requiere el acuerdo senatorial. El kirchnerismo tiene mayoría para imponer el acuerdo, pero no podrá evitar el seguro escándalo que armará la oposición en el ineludible debate.
Quizás el acuerdo con la petrolera Chevron sea más explicable para el oficialismo que la designación de Milani, aunque también aquel acuerdo signifique, en los hechos, una inexplicable contradicción. El Gobierno le concedió a la norteamericana Chevron lo que le había negado a Repsol en sus últimos años como dueña de YPF. Hizo lo uno y lo otro (la confiscación y la concesión) en nombre de la soberanía petrolera. El relato prescinde de la realidad.
Significa también una implícita rectificación de la política energética de toda la era kirchnerista, que devastó las reservas petroleras y gasíferas del país y se llevó gran parte de las reservas nacionales de dólares. El anuncio de ayer terminará por beneficiar la posición judicial de Repsol. La petrolera española podrá argumentar que le arrebataron su empresa sólo para entregársela parcialmente a otra petrolera extranjera y que, encima, le dieron a ésta condiciones que le negaron a ella.
Chevron podría explicarse, de todos modos, en la desesperación energética en que terminó una mala política de diez años. La designación de Milani no tiene explicación. Ésa es la diferencia. El caso del soldado Alberto Ledo, desaparecido cuando era ayudante de Milani durante el Operativo Independencia en Tucumán, en 1976, fue hasta ahora una denuncia contemporánea. Pero se supo en los últimos días, además, que el nombre del flamante jefe del Ejército figuró en 1984, en La Rioja, en el informe sobre los crímenes de la dictadura de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, una especie de Nunca Más riojano. En ese informe se consignó el caso Ledo, pero también se incluyó el testimonio de Ramón Olivera, un hombre con relaciones personales con dirigentes del ERP que asegura no haber pertenecido nunca a esa organización guerrillera.
Ayer, Olivera confirmó su relato en una entrevista radial con el periodista Jorge Lanata. Dijo que había sido detenido en La Rioja por una patrulla al mando de Milani y que fue sometido a simulacros de fusilamiento. Aseguró que lo había reconocido definitivamente cuando se difundió una foto de Milani tomada cuando era joven. "Es él, sin duda", afirmó. El testimonio de Olivera, que se confesó simpatizante de Cristina Kirchner, y el contenido de aquel informe sobre violaciones de los derechos humanos en La Rioja son hechos, no deducciones. Ésta es una diferencia fundamental entre lo que sucedía con Milani y lo que sucede ahora.
Ocurre algo parecido con la actuación de Milani durante los levantamientos carapintadas en los años 80. Existe una foto que lo vincularía a la primera sublevación de Aldo Rico en 1987. ¿Es Milani realmente? ¿Estaba ahí, si fuera él, como seguidor de Rico o como infiltrado por la inteligencia del Ejército leal a Raúl Alfonsín? Las inferencias podrían inclinarse hacia un lado o el otro. Pero hay un dato perfectamente constatable. Milani fue sancionado con un arresto de ocho días durante el último levantamiento de Mohamed Seineldin contra Alfonsín, en Villa Martelli. Sus jefes lo castigaron porque no cumplió en tiempo y forma la orden de reprimir la sublevación carapintada.
Es cierto que el peronismo, ya sea menemista o kirchnerista, no les dio nunca demasiada importancia a esos levantamientos contra el primer presidente de la democracia argentina. Menem negoció con Seineldin y los Kirchner no se detuvieron nunca en ese pasado para sancionar a los amotinados o para promover a los militares entonces leales. Debe subrayarse, no obstante, que tanto Rico como Seineldin se sublevaron en nombre de los militares que eran requeridos por la Justicia por violaciones de los derechos humanos.
Milani debería responder ahora, además, por un patrimonio que no podría justificar. Versiones sobre ampulosas propiedades por parte del jefe del Ejército circularon durante mucho tiempo. Pero ahora se conoció el valor de su casa, absolutamente incompatible con su salario militar, del que vivió toda su familia.
¿Qué llevó a Cristina Kirchner a romper esa frontera? ¿Quién les impuso el silencio a las organizaciones de derechos humanos, con la excepción de Adolfo Pérez Esquivel? Hay varias teorías al respecto. ¿Quiere la Presidenta un Ejército asistencialista, que la ayude a eliminar la intermediación de gobernadores e intendentes? Es probable, pero para eso tendrá que cambiar la ley que les asigna tareas muy específicas a las Fuerzas Armadas, sobre todo la defensa del territorio nacional. ¿Usará a Milani, un experto en servicios de inteligencia, como el cerebro de una nueva central de espionaje para el Gobierno? Es la tesis más posible, aunque esa función sería violatoria de tres leyes nacionales sancionadas en democracia.
¿Quiere Cristina Kirchner replicar aquí el ejemplo de los militares chavistas de Venezuela? También es probable. Ninguna hipótesis es incompatible con otra. Sin embargo, hay grandes diferencias con Venezuela. Hugo Chávez era, en primer lugar, un militar. Creó un régimen que era más parecido a un gobierno militar que a uno democrático. Esa situación puede ser percibida por cualquier argentino que visita Caracas. Los militares venezolanos recibieron, además, enormes recursos del Estado para generosos salarios, para modernos armamentos y para cómoda infraestructura. Aquí, sólo aumentó el presupuesto de la oficina de inteligencia del Ejército, a cargo de Milani, que son, por definición, fondos de carácter reservado. La obligación de rendir cuentas de esos gastos es, por lo tanto, muy relativa.
Cristina Kirchner tiene permanentemente un conflicto con la verdad, pero todavía está a tiempo de ser coherente con ella misma. El precio político que deberá pagar por Milani es tan alto como innecesario.
