El litigio que mantienen las exportadoras de granos con el gobierno nacional por supuesta indisciplina fiscal sigue perjudicando a las compañías.

Por una modificación a la norma que regula el proceso de devolución del 10,5% de IVA a estas firmas por su compra de granos estipula que no se puede hacer el pago a quienes se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento fiscal.

Por eso, el gobierno nacional dejó de girar a las compañías unos $ 600 millones de pesos, sólo en el sector de la agroindustria, en los últimos nueve meses.

Las perjudicadas incluyen a Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Molinos y Aceitera General Deheza, entre otras empresas. Las compañías aún litigan por una deuda que les exige el Gobierno en concepto de retenciones a las exportaciones por entender que tuvieron maniobras fraudulentas en el año 2007, cuando se produjo una suba del derecho de exportación. El Gobierno les endilga a las firmas el haber declarado granos para exportación que aún no habían comprado para beneficiarse con el diferencial del derecho de exportación, que trasladan al precio de sus compras. Entonces, las firmas habrían comprado granos más baratos y luego exportado pagando los derechos de exportación previos a la suba.

Mientras solo una empresa regularizó su situación fiscal, las demás están ahora impedidas de cobrar el reintegro del IVA.

La norma que alcanza a esta operatoria es la Resolución General de la AFIP Nº 2000/06. A fines de octubre del año anterior, se conoció otra resolución (la Nº 3397) que trabó la devolución del IVA a la exportación al inhabilitarla a quienes registren deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes a sus obligaciones impositivas, previsionales o aduaneras y a quienes se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento fiscal.

Cerca del sector granario estiman que la regularización de la situación fiscal de las empresas puede demorar hasta dos años, por los trámites necesarios para hacerlo, lo que en la práctica implica la pérdida del beneficio, exponiendo a mayores costos a las exportaciones argentinas y consecuentemente a la pérdida potencial de mercados por encarecimiento de sus precios, indicó una fuente, que agregó que la dilación en esos reintegros, al provocar mermas en el capital de trabajo, ocasiona la necesidad de suplirlos con préstamos locales, donde las tasas de interés anual se hallan en torno de 19 por ciento.