Si bien la Presidenta se encargó de repetir en los últimos discursos que ni ella ni Guillermo Moreno son los que aumentan los precios, está claro que la creación de las brigadas populares que salen a controlar las góndolas se encuentra en las antípodas del "comercio administrado" que impulsa el secretario de Comercio Interior.
El modelo con el que viene trabajando Moreno desde hace más de seis años para controlar la inflación está basado en las negociaciones privadas y en los acuerdos que alcanza con los número uno de las principales empresas. Y nunca se le cruzó por la cabeza abrirles el juego o invitar a participar de los controles a organizaciones juveniles como La Cámpora, que no está precisamente entre sus mejores amigos. "A Moreno no le gustó para nada esto de las brigadas juveniles controlando los precios, y en las reuniones que tuvimos nos dijo que no nos preocupáramos por las multas, que eran para la tribuna", explicaron en un supermercado.
El tema de las multas es un punto clave dentro del plan, aunque sus alcances generan muchas dudas en el sector. Concretamente, el gran interrogante que se abre es qué puede pasar con estas multas cuando sean apeladas ante la Justicia por los supermercados o los proveedores. La canasta de los 500 artículos que permanecerán congelados forma parte de un acuerdo de precios consensuado en forma voluntaria por las cadenas de supermercados y las empresas fabricantes de los productos, que a diferencia de las ofertas tradicionales no tiene una fecha de expiración, con lo cual la compañía que decidiera tocar un precio en los hechos, no estaría violando ninguna ley -ni siquiera una resolución oficial, ya que no hay nada escrito-, sino que simplemente habría dejado de cumplir un convenio voluntario y de palabra.
