El Gobierno quiere echarle la culpa de la inflación al conjunto del empresariado y deslindar su responsabilidad política por el alza de los precios, en un año clave para el plan de Cristina Kirchner de mantenerse en el poder.

Lo hará después del fracaso que implicó el congelamiento de precios ideado por Guillermo Moreno y del temor a que el cierre de las paritarias recaliente las remarcaciones.

También, porque flaquea el pacto político entre Guillermo Moreno y las cadenas multinacionales de supermercados aglutinadas en ASU.

Ayer hubo un encuentro informal en la Secretaría de Comercio, para delinear la instrumentación del “control militante”. Se trata de reflotar la vieja idea que utilizó Juan Perón hace 60 años, en su lucha “contra el agio y la especulación”.

La movida confirma, además, que el Gobierno no piensa corregir ninguno de los desequilibrios que generan la inflación. Entre otros, el déficit fiscal, la alocada emisión monetaria, la caída de las inversiones que impide aumentar la oferta de bienes y la errática política cambiaria.

Fuentes de la Secretaría de Comercio confirmaron que la semana próxima la propia Cristina Kirchner convocará a la Casa Rosada a “barones” del conurbano, líderes de La Cámpora, al Movimiento Evita y a Kolina.

Moreno agregará su propia fuerza de choque: la gente del Mercado Central. Aún se desconocen las atribuciones que tendrá el “control militante”, pero todo parte de una idea política central: llevar adelante escraches a supermercados y almacenes que no mantengan los precios y no se ajusten a los listados del Gobierno, como lo hizo hace unos años Luis D’Elía contra Shell.

En la lista a perseguir se encuentran todas las firmas líderes de la alimentación, como Arcor, Nestlé, Kraft, La Serenísima y SanCor.

Primeras en la nómina se encuentran Molinos, Cañuelas, Lucchetti y Canale, porque alarma en el Gobierno el ínfimo stock de harina, que alcanza para menos de 30 días de consumo: eso provocaría un aumento impredecible en sus derivados, especialmente en el pan.

Hernán Lorenzino les trasmitió esa información a banqueros que militan en la ADEBA de Jorge Brito.

La intención es ubicar a la Casa Rosada combatiendo la remarcación. Y la estrategia consiste en hacer el mayor ruido político y tratar de que el Gobierno quede como víctima y no como responsable –como lo es– de los ajustes de precios.

Ya en febrero hubo un encuentro en la Unión Industrial, donde Ignacio de Mendiguren advirtió la movida oficial; se realizó cuando Moreno lanzó el congelamiento y ahí dijo: “Al final, quieren culpar a los empresarios de la inflación.” Había figuras como Luis Betnaza, Miguel Acevedo y Cristiano Rattazzi. Los empresarios concluyeron en que Moreno quedaría desgastado si el Gobierno atacaba a los formadores de precios, porque el secretario hace alarde de tener bajo control a los industriales. En ese intento fallido de armar un acuerdo de precios y salarios, y frente a la CGT de Antonio Caló, Moreno dijo: “Los tengo en un puño y soy yo el que digito los precios de Techint, Arcor, Aluar y de las alimenticias.” Fue un anticipo de lo que ocurre ahora. Precisamente, el “control militante” de la inflación incluye un fuerte pase de factura interno de la Casa Rosada a los traspiés del propio Moreno.

La Cámpora ideó y propuso salir a la calle, en un plenario que comandó Andrés Larroque.

Ocurrió el 25 de febrero y de ahí saltaron críticas a Moreno, Lorenzino y Mercedes Marcó del Pont. El mentor fue Axel Kicillof, quien considera que las empresas no invierten y tienen demasiadas ganancias.

La pelea interna es frontal dentro del Gobierno, después de la aparición conjunta y contradictoria de los cinco funcionarios del área económica para defender el blanqueo.

Moreno, además, carga con el costo del pacto que selló con las multinacionales de los supermercados. El acuerdo incluyó la complicidad de empresarios como Javier Luzzi de Disco; Carlos Mechetti de Cencosud; Osvaldo Mosteirin, de Walmart; Carlos Velasco, de Carrefour y Alfredo Coto. El pacto tiene un principal afectado: los consumidores, manipulados por las cadenas y la Secretaría de Comercio. El convenio llevó a las multis a tapar los ajustes de precios y darle cobertura a Moreno para decir que el congelamiento funcionaba.

Los empresarios también se prestaron a un cepo publicitario sobre los medios de comunicación y así participar de la dura ofensiva de la Casa Rosada contra el periodismo no adicto. A cambio de esa complicidad, Moreno le prometió a la Asociación de Supermercados Unidos un negocio suculento: apropiarse de unos 2.400 millones de pesos del negocio financiero que involucra la compra con tarjeta de crédito en los súper.

El pacto tuvo derrapes impensados y ahora lo único que quedó firme fue una decisión: el ataque conjunto a la prensa, para desfinanciar a los medios de comunicación. Y el congelamiento de precios se derritió al poco tiempo de funcionar, las ventas se desplomaron y la Supercard no arranca.

Moreno enfrenta un papelón con la tarjeta, porque después de atacar a los bancos tuvo que recurrir al sistema financiero para tratar de ponerla en marcha.

Llamó a Luis Schvimer, de Visa, para que administre la Supercard y el empresario no tuvo concesión: “Tienen que pagar la comisión de mercado.” Ahora, la administración la hará otro banco: la firma Tar Shop, del Grupo Irsa.

El Gobierno presionó a Eduardo Elsztain para que aporte la logística financiera. Pero nadie sabe cómo y cuándo saldrá al mercado, ni qué beneficios tendrá el consumidor.