Mientras el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, busca seducir a las cerealeras para que apuren la liquidación de divisas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está detrás de ellas por el supuesto uso de empresas fantasma o pantallas con el fin de "blanquear" granos de origen no declarado en el mercado formal.

En el marco de una causa radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ferreiro Pella, ayer se allanaron 27 domicilios en las provincias de Córdoba, Chaco, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. La AFIP colaboró en esa acción con más de 130 agentes en la calle.

"Fuimos a las propias cerealeras, cuatro grandes, y a empresas que trabajan para ellas", contó una fuente de la AFIP, que prefirió reservarse la identidad de las principales compañías.

Explicó que las firmas vinculadas con los exportadores se encontraban legalmente constituidas en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, pero la atención se focalizó sobre ellas a partir del análisis "de los movimientos y los titulares de las empresas".

"Estamos hablando de montos importantes y personas físicas que no tienen la capacidad económica acorde con esos montos", agregó la fuente.

En un comunicado, el organismo informó que había detectado "una organización que utilizaba como maniobra la creación de empresas fantasma con el objetivo de proveer de una base de legalidad -lograda mediante el soporte documental falso- al blanqueo de granos".

Según trascendió, la mercadería que tenía un origen no declarado luego era blanqueada a través de firmas fantasma. Se investiga si esas empresas fueron creadas por particulares que no tenían ninguna vinculación con las cerealeras o si, en cambio, había una relación.

No es la primera vez que la AFIP pone la lupa en las cerealeras. El director del organismo, Ricardo Echegaray, les viene reclamando millones de dólares por retenciones supuestamente mal liquidadas.

Además del uso de firmas fantasma, el organismo abrió otra investigación. En rigor, en operativos realizados en el nordeste del país, que se concentraron en las localidades de Puerto Rico, Bernardo de Irigoyen, Colonia Aurora y El Soberbio, en la provincia de Misiones, se incautaron unas 214 toneladas de soja.

Esa mercadería, valuada en torno de los $ 570.000, se encontraba disimulada "con el fin de ocultarla del control aduanero e impositivo, evitando así el pago de derechos de exportación producto de estas ventas ilegales en el exterior".

Según detalló el organismo, "la soja era traída en transporte de carga disimulada en bolsas de envases de harina, fertilizantes y alpiste, entre otras". Se acopiaba en depósitos clandestinos y después pasaba por puntos no habilitados de la frontera, presumiblemente a Paraguay y a Brasil.