Ya antes había perdido cierto encanto cuando, por primera vez, la oposición en bloque le dijo que no a una de sus pocas invitaciones a la Casa de Gobierno.

Aunque programada desde antes de las catastróficas inundaciones, las formas y el momento del anuncio de la reforma judicial indican que, como siempre, se buscó un escándalo para tapar otro escándalo. De todos modos, no puede desmerecerse el peligro que encierra esa reforma, que requiere de leyes que irán a un Congreso cuya mayoría, extremadamente disciplinada, está en manos de la Presidenta.

El cristinismo suele usar términos del deber ser para convertirlos luego en lo que no debe ser.

La "democratización de los medios" terminó con la mayor concentración de medios oficialistas que se recuerde desde los tiempos de Raúl Apold, durante el primer peronismo. Ahora, la "democratización", la "transparencia" y la "legitimidad" de la Justicia (¿quién podría estar en desacuerdo con esas palabras?) esconde el proyecto final del gobierno de derribar el último límite de su monumental poder. En síntesis: la Justicia será kirchnerista o no será.

Hablar de falta de "democratización" de la Justicia es un buen discurso para la militancia; es en el fondo, sin embargo, un acto hipócrita o una autoinculpación. El 53 por ciento de los actuales jueces fueron designados por Cristina Kirchner; el 40 por ciento del 47 restante deberá nombrarlos ella. El supuesto inmovilismo de la Justicia significa otro conflicto con la verdad. Ya hubo tres Cortes Supremas desde el advenimiento de la democracia, en 1983. La primera fue nombrada por Raúl Alfonsín, que luego fue relevada casi totalmente por Carlos Menem (con las excepciones de Enrique Petracchi y Carlos Fayt) para nombrar una propia. La Corte menemista cayó no bien asumió Néstor Kirchner, quien nombró a los actuales miembros del cuerpo, del que todavía forman parte sólo Petracchi y Fayt, dos jueces con prestigio como profesionales del derecho.

Dos medidas anunciadas ayer significan los mayores peligros para la devaluada democracia argentina. Una es la que propone la limitación de las medidas cautelares. Esas decisiones judiciales, que existen en todos los países con un fuerte sistema democrático, sirven precisamente para salvar de la pérdida irreparable a ciudadanos afectados por el Estado o por privados. Detienen el efecto de las decisiones cuestionadas hasta que concluya el juicio. Las medidas cautelares son necesarias en todos los casos, pero lo son aún más cuando es el Estado el que toma medidas que podrían afectar a los ciudadanos comunes. Ningún ciudadano tiene un poder comparable al del Estado. El proyecto anunciado ayer limita las cautelares, para peor, en los casos contra el Estado, que fue históricamente el mayor productor de arbitrariedades.

Las cautelares han sido motivo de la irritación presidencial en los últimos tiempos. Hay que eliminarlas, por lo tanto. Cristina Kirchner hasta ironizó con bronca en un discurso público: "A nadie se le niega una cautelar", dijo. Cautelares de la Justicia frustraron el 7-D, por el 7 de diciembre pasado, el día señalado por el oficialismo para iniciar el desguace del Grupo Clarín.

Fue, es cierto, una estrepitosa derrota política, que ayer la Presidenta recordó puntualmente. Poco después, otra cautelar frenó la virtual confiscación del predio de Palermo de la Sociedad Rural, medida ideológica que conllevaba también su dosis de venganza. Era la revancha por otro viejo fracaso político: el de la guerra perdida con el campo en 2008. Cristina se acordó ayer, sin nombrarlo, hasta del desempate de Julio Cobos por la resolución 125.

Las cautelares provocaron enojos en la huésped de Olivos. La limitación a los jueces para decidir cautelares cambiará las cosas: dejaría al Gobierno con un inmenso espacio para perpetrar daños, justos o injustos.

El otro anuncio grave de la Presidenta fue el referido a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. El Gobierno no tiene ahí los dos tercios necesarios para poner y sacar jueces. Sobre el fin del año pasado, una férrea oposición de cinco miembros opositores, legisladores y jueces, le impidió al gobierno la designación de jueces impresentables y la remoción de magistrados que no seguían la dirección política del oficialismo. Cristina se está cambiando ella misma. La composición del actual Consejo de la Magistratura pertenece a una reforma impulsada por la entonces senadora Kirchner.

La elección popular de esos consejeros ya fue cuestionada por inconstitucional por la Asociación de Magistrados. Y también por dirigentes políticos opositores. En rigor, todos los miembros del Consejo surgen ahora de elecciones. Decir lo contrario es una manera de no decir la verdad. Los representantes políticos son senadores o diputados nacionales. Los abogados eligen a sus consejeros y los jueces a los suyos. "¿Por qué no hay en ese Consejo ingenieros, psiquiatras o arquitectos?", se preguntó ayer la Presidenta mientras anunciaba que cualquier profesional podría integrar ese Consejo. Porque deben resolver cuestiones de la Justicia. Hay, también, una cuestión técnica en el medio. Los consejeros deberán ser propuestos, de acuerdo con los anuncios de ayer, por los partidos políticos, incluidos los jueces y abogados. Esa innovación llevará a la Justicia al territorio de la disputa política y electoral. El peor territorio para administrar justicia.

Para que no quedaran dudas, Cristina Kirchner eliminó los malditos dos tercios necesarios ahora para echar y nombrar jueces. Será más fácil con una simple mayoría absoluta, según su proyecto.

La creación de Cámaras de Casación es otro manotazo a la Capital. Según la Constitución de 1994, esos fueros pertenecen a la jurisdicción de la Capital, que Cristina se niega a transferir. Una cosa es, con todo, la dilación en cumplir el deber constitucional y otra cosa es ignorar la existencia de ese mandato. Llama la atención que Mauricio Macri no haya presentado ya un recurso judicial por la evidente inconstitucionalidad de esa medida.

LA CORTE

Es probable, con todo, que Cristina no haya pensado en Macri cuando imaginó las Cámaras de Casación, sino en la Corte Suprema de Justicia. Por su sola presencia, esas cámaras demorarán el arribo de muchos expedientes judiciales al máximo tribunal de justicia del país. "El control de constitucionalidad lo seguirá teniendo la Corte Suprema, guste o no guste", dijeron altas fuentes del tribunal. La Corte no opinó sobre la elección popular de consejeros de la Magistratura (es palpable que no le gusta), porque hay planteos hechos de inconstitucionalidad que terminarán en sus manos. ¿Qué más podía decir la Corte si la Presidenta le endilgó ayer hasta que no difunde sus decisiones, que sí se publican metódicamente en su página web?

La ofensiva anunciada ayer por la Presidenta es contra el poder que menos capacidad de respuesta mediática tiene. Sería imposible imaginar, por ejemplo, una conferencia de prensa de jueces para responderle a la jefa del Estado. Significaría también una autoinmolación si los jueces se dedicaran a resolver los asuntos que afectan al Gobierno con una vocación vengativa. Es el estilo de Cristina Kirchner: prefiere asestarles la fuerza volcánica de sus críticas a los que están condenados al silencio.

Su anuncio podrá tapar durante algunas horas el escándalo de la inundación y la muerte. Pero no mucho más. El Estado que preside ha perdido autoridad moral para plantear reformas que afectarían sobre todo a la única institución con prestigio social, la Corte Suprema. ¿Cómo explicar que esta reforma sería mejor hecha que la nacionalización de la deficitaria Aerolíneas Argentinas o de la depreciada YPF? ¿Cuántos creerán que la Justicia sería mejor si la reforma la emprende el mismo Estado que no pudo prever ni contener una lluvia desmesurada? Bastaron 300 milímetros de agua para desnudar al Estado y su relato.

APOYO DE JUSTICIA LEGÍTIMA

La asociación Justicia Legítima, cercana al Gobierno, expresó ayer un fuerte apoyo a los anuncios de Cristina Kirchner para reformar el Poder Judicial. "Reconocemos que las ideas centrales de los proyectos anunciados por la Presidenta son plenamente compatibles con la meta de alcanzar una Justicia más plural y más independiente, y dispuesta a rendir cuentas de su actuación ante la ciudadanía entera", dijeron en un comunicado los magistrados, funcionarios, empleados, académicos, juristas y representantes de organizaciones sociales que integran esta asociación. Así, los integrantes de Justicia Legítima destacaron sus coincidencias con el proyecto oficial que impulsa nuevos procesos de selección de empleados judiciales y la elección "abierta" de miembros del Consejo de la Magistratura.