Con relación a la posibilidad que el Gobierno utilice la ley antiterrorista para obligar a los productores agrícolas a vender la cosecha de soja, Etchevehere dijo que “es una práctica fascista, ésta entendida como un gobierno que quiere concentrar todo el poder, no admite crítica, oposición y quiere controlar todo lo que sea industria, comercio y producción”. Y agregó: “Si las políticas oficiales fueran exitosas, el país se beneficiaría con una mayor producción y más puestos de trabajo pero a juzgar por los resultados, esas políticas fracasaron”.
“No podemos aceptar en este momento que se amenace a los productores porque la cosecha vieja se vendió prácticamente en su totalidad y la cosecha nueva está sin levantar”, explicó el dirigente ruralista.
Sobre el futuro de los productores Etchevehere dijo que “Estamos seguros de que este año los productores van a dosificar las ventas para poder mantener su poder adquisitivo hasta la próxima cosecha, tendrán mucha prudencia al momento de vender y van estudiar mucho cualquier compra e inversión antes de realizarlas. También, el productor deberá lidiar con un 30% de inflación por delante, con amenazas de subir los impuestos. Amenaza concretada en la provincia de Entre Ríos, que la semana pasada incrementó nuevamente el impuesto inmobiliario rural”.
“A través de la política de intervención de los mercados, de precios máximos, la inflación, la presión fiscal, la pérdida de competitividad y el control a las importaciones, entre otras, el gobierno condiciona todas las actividades productivas del país”, señaló el presidente de la SRA.
“Durante la asamblea, los productores nos pidieron mantener la unidad de la Mesa de Enlace, no ir por separado a ninguna reunión con autoridades y solicitaron medidas de fuerza lo antes posible.”, concluyó Etchevehere.
Los próximos encuentros para debatir los problemas que preocupan al campo y ver los pasos gremiales a seguir se realizarán en las provincias de Mendoza y Santa Fe.
