Después de la dura reacción presidencial por la decisión de la Justicia de frenar el decreto que revocó la vieja venta del predio de la Rural, el Gobierno intentará una nueva estrategia jurídica.
La Casa Rosada presentará hoy a primera hora ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, que dispuso el viernes pasado una medida cautelar que benefició a la entidad agropecuaria, un pedido de declinatoria para que la causa sea transferida al fuero en lo contencioso administrativo.
Así lo determinó el ministro de Justicia, Julio Alak, anoche, por orden de la jefa del Estado, que regresó de su descanso en El Calafate y hoy iniciará la semana con la apelación de la decisión judicial.
Alak anticipó ayer que el Gobierno presentará el pedido para el cambio de fuero, por considerar que la Cámara Federal en lo Civil y Comercial no es competente. La Casa Rosada se basa en la anterior decisión del juez federal Sergio Torres, que dispuso una serie de procesamientos en la causa que investiga la venta del predio a La Rural, en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem.
En forma paralela, desde Balcarce 50 presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia como camino alternativo. La Casa Rosada es consciente de que el cambio de fuero no será aprobado por la Justicia. El Gobierno considera que la jueza de primera instancia Silvina Bracamonte, que había rechazado el pedido de la Sociedad Rural Argentina, lo que hizo fue fijar la competencia del fuero comercial. "Esto estaba arreglado. Rechazan en primera instancia sólo para fijar el fuero y quedar bien porque saben que después la cámara frena todo", consideró anoche un funcionario del gabinete al tanto de la estrategia legal del Gobierno.
En la Casa Rosada tienen nulas expectativas de poder avanzar con el traspaso de la causa a la justicia en lo contencioso administrativo. Sólo recurrirá a los pasos formales, consciente de que su pedido será rechazado.
Anteayer, la presidenta Cristina Kirchner había cuestionado duramente a la Cámara por considerar que pretendía constituirse en un "superpoder" por sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese mismo cuerpo es el que interviene en el juicio entre el grupo Clarín y el Gobierno por la constitucionalidad o no de dos artículos de la ley de medios audiovisuales.
En sus críticas, la jefa del Estado la denominó "Cámara Federal en lo Clarín y lo Rural", en referencia a las dos causas en las que ese cuerpo había dictado medidas cautelares.
Mediante el decreto 2552 del 19 de diciembre pasado, la Presidenta revocó la venta que Menem había hecho del predio de 14 hectáreas que La Rural explota en el barrio de Palermo, amparada en una causa judicial que investigó las presuntas irregularidades de esa operación.
El viernes pasado, la Cámara habilitó la feria judicial tal como había pedido el Gobierno para que se abocara a tratar la ley de medios, pero también sumó a sus decisiones el otorgamiento de la medida cautelar reclamado por La Rural, lo que provocó la dura reacción presidencial.
El Gobierno lleva una seguidilla de decisiones judiciales adversas desde hace más de un mes. Comenzó con la extensión de la cautelar que protegía a Clarín, un día antes del 7-D, fecha que había fijado el límite para la adecuación voluntaria de las empresas de medios audiovisuales a la norma.
La Corte Suprema también le dio un revés tras otro a la Presidenta con el rechazo tanto al recurso extraordinario como al per saltum que había presentado el Gobierno.
