Con un paro ganadero, que para los organizadores tuvo “acatamiento total”, las cuatro entidades agropecuarias intentaron el pasado 26/12 resucitar el bloque que supieron comandar en 2008 como mesa de enlace agropecuaria. Esta vez las unió el rechazo a la decisión oficial de quitarle el predio de Palermo a la Sociedad Rural (SRA) y a la eliminación de certificados que emitía Federación Agraria (FAA).
Y no descartan que, luego de que SRA recurra a la Justicia, el cese comercial englobe al resto de las actividades agropecuarias. Incluso se llegó a considerar el bloqueo a exportaciones.
Asimismo, la Sociedad Rural hizo un acto en el predio de Palermo, donde invitó a la ciudadanía a cantar el Himno para frenar el avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
El paro ganadero se sintió en los ingresos en el Mercado de Hacienda de Liniers, donde entraron 1.382 animales en 34 camiones. El miércoles pasado, las remisiones habían superado las 9.000 cabezas, similar a la del miércoles posterior a la navidad pasada. Algunas decenas de productores acompañaron la protesta a la vera de las rutas en ciudades bonaerenses como San Pedro; Azul; Las Flores; Gonzales Chavez; Chascomús y Saladillo.
Según publicó EL Cronista, la otra entidad que recibió una estocada por parte del Gobierno es FAA. Buzzi, que en los últimos tiempos se acercó a la CGT de Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli, e incluso adhirió al paro del 20 de noviembre y a la marcha del 19 de diciembre pasados, se quedó sin la posibilidad de emitir unos documentos que a la entidad rosarina le significaban ingresos en torno a $ 2 millones.
Los directores federados se reunieron ayer en Rosario y remarcaron que este es un nuevo ataque a la entidad, que busca desviar el eje de atención sin solucionar el problema de los productores.
De Ángeli arengó: Más nos pegan, más fuertes nos hacen, y más unidos vamos a estar. Y alertó: Si lo que buscan es hacernos callar, están totalmente equivocados.
"No vaya a ser cosa que cuando llegue la época de la cosecha gruesa declaremos una huelga y ningún productor trille la soja o no la venda. Vamos a ver qué va a hacer el Gobierno sin la plata de la soja, amenazó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, dijo a La Nación que el paro no sólo es contra la estatización del predio de Palermo, sino también contra el retiro a la Federación Agraria Argentina (FAA) de la administración de un certificado de depósitos de granos, la intervención del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre) y las acciones de "intervención" del Gobierno contra el campo.
"Es una venganza por lo que hicimos contra la resolución 125", dijo en referencia al conflicto de 2008 por las retenciones móviles a los granos.
Cabe recordar que la venta fue fijada en 30 millones de dólares con el compromiso de que la SRA debía modernizar ese predio para que se utilizara como sede de exposiciones, ferias y congresos. Etchevehere dijo que se pagó el 80% de ese precio hasta 2002 y que por la devaluación de ese año la entidad intentó, sin éxito, renegociar con el Gobierno el saldo pendiente. "Para comprar Palermo vendimos 300 hectáreas que teníamos en Del Viso [partido de Pilar], una zona que hoy está cubierta de countries", dijo.
Además, el Presidente de la SRA también otorgó una entrevista al periodista Reynaldo Sietecase del programa Guetap de Radio Vorterix, donde afirmó que “Sera la justicia la que determine esta cuestión y tendremos que someternos a lo que ella diga. Lo que sí estamos seguros es que esto no se puede desarmar por decreto 21 años más tarde, después de haber adquirido derechos. Se nos impuso conservar y restaurar los edificios históricos y construir un moderno centro de exposiciones, cargas que fueron cumplidas”
Se cumplieron los cargos, se hicieron las inversiones, se pagó y se aceptó el pago del 80%”
Los dirigentes de la SRA tienen incertidumbre sobre las actividades futuras en La Rural. Si bien el ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que no debían sufrir alteraciones ya que sólo se modificaba la titularidad de la propiedad, el Gobierno intimó el viernes a la SRA a abandonar el predio en un lapso de 30 días. Esto lo hizo a través de una carta documento para que abandonen las instalaciones. "Hay 200 personas que trabajan en forma directa y otras 61.000 que lo hacen en forma indirecta a lo largo del año", sostuvo Etchevehere.
Asimismo, agregó “lo que nosotros entendemos es que esto es una confiscación, una represalia, porque no hubo una ley votada por el Congreso", en declaraciones al canal TN.