Las marchas y contramarchas en el mercado de los biocombustibles obligaron al Gobierno a aplicar una nueva sutura en ese segmento, que había quedado maltrecho tras la baja intempestiva en los precios de venta y el aumento en las retenciones que anunció el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en agosto.
El remiendo terminó de concretarse el martes pasado, cuando las compañías mezcladoras -combinan el biodiésel con el gasoil, hasta un 7%-, entre las que se encuentran las principales petroleras del país, firmaron un acuerdo para que las empresas que paguen los precios más bajos de compra compensen por la diferencia a las compañías que afronten un valor más alto. Las petroleras que lideran el sector son YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil, de Cristóbal López.
De acuerdo con la dinámica actual del mercado, el nuevo acuerdo ocasionará que empresas como Shell o Esso deban transferir recursos a la nacionalizada YPF.
El viernes de la semana pasada, mediante la publicación de nuevos valores en la página web de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, el Gobierno estableció tres precios para el mercado interno de biocombustibles: $ 5333,29 por tonelada para las empresas que producen hasta 20.000 toneladas al año (las más pequeñas), $ 5182,53 para los que producen hasta 100.000 y $ 4565,34 para las empresas más grandes. Esos precios se aplican en forma retroactiva desde la segunda quincena del mes pasado.
Fue la tercera modificación que sufrió ese mercado desde agosto, cuando Kicillof anunció una baja del 15% en el precio interno de la tonelada del combustible, de $ 5195 a $ 4405,3, y el aumento de las retenciones a la exportación, desde un 14% hasta una tasa efectiva del 24 por ciento.
La intención era que la estatizada YPF, la mayor compradora del producto, disminuyera sus costos. Pero provocó un congelamiento de actividades entre las pequeñas y medianas productoras del combustible orgánico.
Fue la primera intromisión sensible en un mercado que desde su creación había funcionado prácticamente sin sobresaltos.
Los pequeños y medianos empresarios optaron, entonces, por enviarle a la presidenta Cristina Kirchner una carta explicándole su situación. Fue el primer paso hacia la conformación del esquema que se completó a principios de esta semana.
PREFERENCIAS
Las petroleras prefieren comprarles el biocombustible a las compañías más grandes, como Vicentín, Cargill, Molinos Río de La Plata, Explora y Patagonia Bioenergía, por cuestiones de calidad y logística, según ellas mismas explican. Son los motores más fuertes de una industria que en 2005 era casi inexistente y siete años más tarde había logrado atraer inversiones por encima de los US$ 1000 millones con la mira puesta en la exportación. Y tras las modificaciones en las normas del mercado, son las que deberán cobrar el precio más bajo.
La compañía de bandera nacional, en cambio, abastece una cuota importante de su oferta a través de las proveedoras más pequeñas de biodiésel, que a partir de la modificación tienen un precio más alto. De manera que la segmentación de precios terminó por ocasionar un perjuicio para la compañía de bandera nacional; es decir, el efecto exactamente contrario al que perseguían las medidas de agosto.
El acuerdo firmado el martes contempla que todos los meses las petroleras informen cuánto compraron, a quién y a qué valor para establecer un precio promedio ponderado. A partir de ese número, la empresa que haya pagado menos deberá asistir a la que haya pagado un valor más alto. El resultado final es que todas las empresas pagarán, a los efectos de sus costos, el mismo precio.
El Gobierno eligió ese esquema antes que otorgar un subsidio directo a los productores de menor escala o unificar los precios.
El titular de Energía, Daniel Cameron, es el padrino de esa iniciativa. No le salió, sin embargo, del todo gratis: dado que el nuevo andamiaje bordea los límites de lo permitido, las empresas le pidieron que obtenga, en un plazo no mayor a los 60 meses, un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el que quede claro que el acuerdo responde al interés común.
LAS IDAS Y VUELTAS DE LA INTERVENCIÓN
El Gobierno dispuso tres reformas en el mercado desde agosto
Plan inicial
Precio
En agosto, para bajar los costos de YPF, el viceministro de Economía, Axel
Kicillof, ordenó una baja sustancial en el precio del biodiésel y un alza en las
retenciones a la exportación.
Efectos no deseados
Tras la reforma, las pequeñas y medianas productoras del combustible orgánico criticaron la medida. De acuerdo con datos del mercado, entre 20 y 30 plantas de más baja escala disminuyeron o frenaron su producción.
Carta a la Presidenta
Las pymes le enviaron una nota a Cristina Kirchner en la que sugieren aplicar
precios diferenciales según la capacidad de producción.
Los cambios
Precios diferenciales
El viernes de la semana pasada, la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron, publicó un esquema de precios diferenciales. Los más altos eran para las pymes y los más bajos para las grandes empresas.
Problema nacional
La modificación, sin embargo, afectó los números de YPF, que suele comprarles
a productores de menor porte; es decir, los que cobran más luego de las
modificaciones del Gobierno.
Compensaciones
Las petroleras informarán sus valores de compra y las que paguen menos compensarán a las que paguen más.
