Dos jueces distintos fueron y son protagonistas del devenir argentino. Uno es estadounidense, el otro argentino. El primero dispone plazos a la Argentina para pagar deudas, al segundo le dispusieron plazos de tiempo para afirmar la constitucionalidad de la Ley de Medios. ¿Dé quienes hablamos?

El viernes pasado el 7D llegó y terminó antes de empezar. La Cámara Civil y Comercial Federal extendió la medida cautelar en favor del Grupo Clarín hasta que se resuelva la cuestión sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, referidos a la desinversión y posesión de licencias de medios audiovisuales.

El juez Horacio Alfonso era el encargado de decretar constitucional o no el fallo de la Ley de Medios el famoso 7D pasado, era quien tenía la última palabra. Pero con anterioridad le hizo saber al máximo tribunal del país que, dado que lleva menos de dos meses avocado a estudiar la causa, necesitaba más tiempo, según informaron los analistas políticos,Massot y Monteverde.

Durante el pasado fin de semana tomaron estado público dos versiones: una —ya comentada— en torno a los tiempos que barajaría el juez Horacio Alfonso; la otra, que la Justicia en lo Civil y Comercial prolongaría la medida cautelar que frena desde hace un año, poco más o menos, el proceso de desinversión al cual, según el gobierno, deberán atenerse los medios del odiado “monopolio” dirigido por Héctor Magnetto.

Como quiera que sea, a grandes rasgos se abren tres escenarios posibles antes del 10 de diciembre. El primero claramente favorable a los planes gubernamentales: que Alfonso interprete que los dos artículos cuestionados son constitucionales o que la Cámara se expida en contra de extender la cautelar. El segundo, en cambio, acorde con los deseos de Clarín: que el juez establezca el carácter inconstitucional de esos artículos o que la Cámara extienda la medida cautelar. El tercero se daría en caso de que, por las razones que fuera, no hubiese fallos de ningún tipo y entonces —con su habitual discrecionalidad— Cristina Fernández y su principal escudero en la materia, Martín Sabatella, decidiesen actuar por las suyas. Pretextando la falta de un mandamiento jurídico claro podrían avanzar sobre Cablevisión y Canal 13 de distintas maneras.

Algo que, aunque no sea cierto, le parezca a la opinión pública el principio del desmantelamiento del “monopolio”. Clarín, por el contrario, necesita demorar el proceso al máximo con base en la suposición de que, en octubre del 2013, habrá un punto de inflexión decisivo en la Argentina.

Cabe hacer una aclaración del significado de la palabra “monopolio” y lo que esto tendría que denotar en las cabezas de los argentinos y no lo hace por su errónea aplicación. La palabra monopolio deriva del griego: monos que significa "único" y polein, que significa "vender", por lo que el significado literal es "único vendedor".

Pero, en economía el significado es otro. Según la Real Academia Española es la situación de mercado en que la oferta del producto se reduce a un solo vendedor. Reiteración: un solo vendedor.

Por lo tanto, Clarín debería ser una única gran empresa, sin competencia ni rivales y con una sensación de “comodidad” para los usuarios ya que no conocen otros productos. Lo que esto concierne es que no existiría otra firma que produzca lo mismo (es decir, información y opinión pública), ni algún enemigo o alternativa diferente para el consumidor, como pueden ser otros canales de televisión, sintonías radiales o medios gráficos y/o digitales.

En este sentido, es importante esta aclaración para que se comiencen a aplicar bien los significados y se eviten confusiones.

El juez que puso a la Argentina entre la espada y pared fue el estadounidense Thomas Griesa. En su fallo, había sido claro y el gobierno de Cristina Kirchner, con fecha 15 de diciembre, debía tomar una decisión de hierro: depositar en custodia U$ 1400 MM o desobedecer la sentencia y deslizarse con pleno conocimiento de causa hacia el default.

A fines de noviembre, Griesa determinó que Argentina debía pagarles a los buitres el ciento por ciento de sus bonos más los intereses atrasados en un pago en efectivo antes del 15 de diciembre. A la espera de un fallo definitivo el país debía depositar en una cuenta de garantía 1330 millones de dólares antes de esa fecha y, si no lo hacía, el juez exigió a las distintas entidades financieras involucradas en el proceso de pago que no canalicen esos fondos.

Todos los nervios se aflojaron hace una semana, aunque rápidamente los abogados del estudio Cleary Glottlieb, Steen & Hamilton, representante del país en el exterior, le exigieron al Ministerio de Economía que prepare el escrito que debe presentar el 28 en el tribunal de segunda instancia.

Allí deberán referirse a dos cuestiones: el plan de pago y la responsabilidad de los terceros en el pago de la sentencia decidida a fines de octubre por este tribunal en contra del Gobierno y en favor de los "fondos buitre" y 13 ahorristas argentinos, comunicó Lanación.

Tanto han entendido en la Casa Rosada la índole de lo establecido por aquella Cámara norteamericana que su reacción, una vez conocida la noticia, resultó en extremo medida. De haber mediado otras circunstancias o si la actitud de la señora presidente y de sus acólitos hubiera sido triunfalista, los festejos habrían llegado al cielo. Un tímido y pasajero “ganamos”, fue todo lo que salió de la boca de una mujer proclive a perorar a través de la cadena nacional cada vez que desea ufanarse de sus victorias o amenazar a sus enemigos, informó Massot y Monteverde.

El kirchnerismo acaba de entender, por primera vez, que hay límites infranqueables. Podrá tratar de disfrazar el significado último del fallo de la Cámara de Apelaciones ante la opinión pública pero sabe que, tarde o temprano, deberá sentarse a negociar en serio y poner en evidencia su compromiso de saldar la deuda con los holdouts. El cómo y el cuánto es lo que estará en discusión. No así la reapertura del canje. Cristina Fernández ganó un poco de tiempo —tan sólo— que sin duda beneficia su estrategia inmediata.

Casualmente es el tiempo lo que está en juego en este momento, un poco más para Clarín y el decreto de la Ley de Medios, y un poco más para la Presidente de la Nación antes de hacer negocios para saldar cuentas.