El diagnóstico no ha variado, sí la inclemencia del tiempo. Se necesitan obras urgentes para evitar que una tormenta con récord de caída de lluvia o una sudestada -situaciones cada vez más frecuentes- pongan en riesgo las vidas y los bienes de miles de personas en los principales centros poblados del país. Del mismo modo, son necesarios mecanismos gubernamentales ágiles que determinen con precisión la magnitud de la consecuencia de los desastres naturales, los planes de reconstrucción y la identificación de los reales depositarios de la ayuda oficial.

Es cierto que muchos de los cambios climáticos no pueden predecirse con exactitud, pero sí pueden tomarse medidas preventivas como la realización de obras de canalización y drenaje, y evitar que poblaciones enteras se asienten en terrenos bajos sin el menor control habitacional ni sanitario.

Es una situación cíclica. En la ciudad de Buenos Aires acaban de caer 118 milímetros de lluvias entre la medianoche del domingo pasado y las siete de anteayer. Se sabe que con que lluevan 50 milímetros en apenas 30 minutos, las inundaciones serán inevitables.

La enorme obra realizada en el arroyo Maldonado ha demostrado su eficacia, pero con ella no alcanza. Los canales aliviadores evitaron una vez más que se inundaran zonas próximas a la avenida Juan B. Justo, pero en el barrio de Belgrano y parte del de Núñez la acción del agua fue devastadora. Allí falta encarar obras en el arroyo Vega. Según las autoridades, se necesitan al menos 120 millones de pesos, que la ciudad aspira conseguir de organismos internacionales, para lo cual necesita el aval de la Nación. Precisamente, la falta de esa autorización por parte del gobierno nacional para que el distrito se endeude mantiene paralizado cualquier proyecto de largo alcance.

Hay algo de irracionalidad y mucho de mezquindad en esa situación, además de la falta de un replanteo serio sobre cuáles deben ser las prioridades de atención de un Estado, sea comunal, provincial o nacional.

En el conurbano bonaerense, donde fallecieron dos personas y hubo miles de evacuados y autoevacuados como consecuencia de la última tormenta, volvieron a anegarse extensas zonas donde las autoridades habían prometido obras, que nunca se realizaron. La prevención está ausente o ha sido, a todas luces, insuficiente.

Hay sectores del oeste y del sur del conurbano bonaerense que invariablemente quedan bajo las aguas apenas se producen fenómenos meteorológicos de cierta intensidad. Nada o muy poco se ha hecho para evitar nuevos desastres. La habilitación de centros de evacuados, el envío de colchones y otros enseres no es más que un paliativo temporario e ineficaz. Se corre siempre detrás de los acontecimientos.

En la zona agropecuaria, tan castigada por este tipo de variaciones climáticas, la situación no es mejor. La declaración de la emergencia tarda en llegar. Los daños, que podrían ser reparados con acciones rápidas por parte de las autoridades, terminan siendo irremontables por la demora en reconocerlos.

Valga decir que en las ciudades la acción de los vecinos es tan importante como los planes que deciden los gobernantes. El correcto tratamiento de los residuos domiciliarios y el mantenimiento de la limpieza en las calles, por ejemplo, son hábitos individuales que deberían ejercitarse con plena conciencia para evitar que se saturen desagües y sumideros.

A la falta de obras también hay que sumar las escasas campañas tendientes a producir ese tipo de cambios en la conducta de los ciudadanos, y un mayor compromiso del vecino con su hábitat, para lo que habría que repensar la necesidad de hacer más efectivo el sistema punitorio para quienes incumplen con las leyes del ambiente.

Es decir, sólo una acción mancomunada en la que prime el bienestar de la población sobre los intereses político-partidarios debe ser el eje de una prevención que no debe dilatarse más. El clima ha dado sobradas muestras de que las cosas pueden ser aun peores. Ya no hay excusas para no prevenir y, peor aún, para no cumplir con lo que se promete.