El viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se comprometieron a establecer un nuevo precio para el biodiésel que se vende en el mercado interno en un plazo no mayor a diez días.

El 10 de agosto pasado, por decreto, el Gobierno subió las retenciones al biodiésel del 14% a una tasa efectiva del 24% y bajó un 15%, de 5195 a 4405,3 pesos la tonelada, el valor de este producto para su colocación en la plaza local.

Por esta rebaja del precio, las pymes que elaboran este biocombustible para comercializarlo a las petroleras -que lo usan para cortarlo en un 7% con el gasoil-, pasaron a perder plata y paralizaron su producción, según denunciaron los empresarios. Las pymes, que son 27, cubren casi el 50 por ciento de la demanda interna y compran aceite de soja para luego transformarlo en biodiésel.

Este sector ocupa a unas 2500 personas en plantas que demandaron inversiones no menores a los 10 millones de dólares en los últimos años.

Precisamente, anteayer Kicillof y Moreno recibieron a los empresarios de este sector, agrupados en la Cámara de Empresas Pymes de Energía y Biocombustibles (Cepeb). Pero también lo hicieron, en el mismo encuentro, con la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).

Esta última está conformada por grandes empresas que en gran parte tienen sus propias plantas aceiteras para transformar el aceite de soja en biodiésel y, si bien también vuelcan su producción al mercado doméstico, su negocio vino pasando más por la exportación.

Según pudo saber LA NACION, en el encuentro con los empresarios, Kicillof y Moreno no prometieron cambios en las retenciones, pero sí en el precio para el producto en el mercado doméstico, que quedará en un valor más alto que el fijado en agosto pasado.

De todos modos, trascendió que no habrá un único valor para la venta en la plaza local, sino entre dos y tres precios diferenciados según la capacidad de producción de las empresas. Así, se establecería un valor para las pequeñas y medianas empresas de hasta 50.000 toneladas, otro para las empresas que producen en un rango de entre 50.000 y 120.000 toneladas y un tercero para las que superan este último volumen. Los funcionarios dejaron entrever que la medida que habían tomado en agosto pasado perjudicó al sector, ya que desde que se bajó el precio interno el valor del aceite de soja, materia prima del biodiésel, siguió aumentando y, encima, la exportación empezó a tener dificultades debido al cierre del mercado de España.

Sinceramiento

Vale recordar que, tras la expropiación de YPF a la española Repsol, este país trabó el ingreso del biodiésel argentino a su mercado. La Argentina perdió un negocio de unos US$ 1000 millones y un destino que representaba casi el 70 por ciento del biocombustible que iba a la Unión Europea.

"Sabemos cambiar y buscar las soluciones", dijo Kicillof en el encuentro, según contó una fuente que asistió. Luego, en referencia a la situación de las pymes, afirmó: "No queremos que cierre ninguna pyme".

Kicillof y Moreno explicaron que, una vez que terminaran de estudiar los costos de las empresas, darán a conocer los nuevos precios para el mercado interno.

Para los empresarios pyme, esa promesa les trajo alivio, al menos por ahora, en un momento en que gran parte de las plantas se encuentra sin funcionar.

"El balance de la reunión fue positivo y fue positivo que el Gobierno reaccione", señaló José Luis Martínez Justo, presidente de Cepeb, la cámara pyme.

Según trascendió, los nuevos precios se volverían a establecer por resolución.

Carlos Paredes, dueño de Aripar Bio, una planta de Daireaux (Buenos Aires) que quedó paralizada cuando se bajó el precio, también calificó de "positiva" la reunión con los funcionarios. "Me pareció positiva porque va a haber un nuevo valor", expresó a LA NACION.

PRESIÓN DE LOS GOBERNADORES

Si bien casi un mes después de haber tomado una medida que paralizó a las pymes de biodiésel, Kicillof y Moreno aceptaron revertir en parte esta medida. Influyó que las fábricas hicieran pública su decisión de cerrar. Pero también fue clave la presión de gobernadores como Sergio Urribarri (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Antonio Bonfatti (Santa Fe) y Jorge Sapag (Neuquén), que tienen plantas instaladas en sus provincias.