Opciones para desarrollar el mercado del seguro multirriesgo agrícola
Por Carolina Bondolich (cbondolich@fundacionfada.org) y David Miazzo (davidmiazzo@fundacionfada.org)
La sequía de la campaña 2011/12 y sus impactos productivos, económicos y sociales, colocaron en la agenda pública la subutilización del seguro multirriesgo agrícola como mecanismo de cobertura en Argentina.
Situación del seguro multirriesgo agrícola
El seguro multirriesgo agrícola cubre pérdidas ocasionadas por lluvias en exceso, inundaciones, sequías, heladas tardías, altas temperaturas, vientos fuertes e incendios causados por rayos; siendo su cobertura solamente sobre los costos de implantación. En la actualidad, el seguro multirriesgo agrícola cubre sólo un 4% de las casi 19 millones de hectáreas aseguradas a nivel nacional, el 96% restante posee cobertura por granizo o granizo + adicionales, mientras que 10 millones de hectáreas no poseen ningún tipo de cobertura. La baja participación del seguro multirriesgo agrícola ocurre porque los precios de la oferta y la demanda no se encuentran, ya que las aseguradoras pretenden cobrar primas superiores a las que los productores agropecuarios están dispuestos a pagar por este tipo de cobertura.
Alternativas para el desarrollo del mercado.
Ventajas y desventajas.
Frente a la situación descripta, se han analizado tres opciones factibles para extender el uso del seguro multirriesgo agrícola a un mayor porcentaje del total de hectáreas cultivadas y, de esta forma, aminorar los impactos que las adversidades climáticas causan en la economía, principalmente en la de los pueblos del interior.
La opción más recurrente, tanto en el ámbito político como en los medios, consiste en que el Estado Nacional subsidie, es decir, cubra una fracción del costo de las primas cobradas por las empresas aseguradoras para otorgar la cobertura correspondiente al seguro multirriesgo agrícola. De esta forma, el Estado cubriría la brecha económica entre lo que están dispuestos a pagar los productores y lo que desean cobrar las aseguradoras por este tipo de cobertura, mecanismo que haría más factible la contratación de este tipo de seguros y, por ende, ampliaría el mercado.
Sin embargo, esta opción posee varias desventajas. En primer lugar, su costo fiscal, el cual se estima que sería de $800 millones anuales, suponiendo un subsidio del 50% de la prima cobrada para todas las hectáreas cultivadas con trigo, maíz y soja. En segundo lugar, el incumplimiento y la inseguridad jurídica del Estado argentino, el cual ante una crisis fiscal podría suspender el pago del subsidio y dejar sin cobertura a miles de productores que sólo hayan contratado este seguro. Por último, la falta de trasparencia con la que se distribuyen fondos y subsidios estatales es otro factor de importancia en lo que suele llamarse el “costo argentino”.
Una segunda alternativa para desarrollar el mercado de seguros multirriesgo es que el Estado argentino participe en el mercado de reaseguros, al cual recurren las empresas aseguradoras para ceder parte del riesgo que asumen, es decir, para contratar un seguro sobre el seguro. En el marco de esta opción, el Estado le brindaría a las empresas aseguradoras reaseguros a bajo costo, lo que conduciría a una reducción de las primas que los productores pagan para contar con la cobertura y, por lo tanto, a una mayor cantidad de hectáreas cubiertas con el seguro multirriesgo agrícola.
Dada la participación activa del Estado, esta alternativa presenta las mismas desventajas que la primera, transformándose además el Estado en una empresa aseguradora. Adicionalmente, no existe certeza de que las primas que pagan los productores disminuyan como un corolario de la reducción del costo al que las empresas aseguradoras se reaseguran.
Finalmente, la tercera alternativa para desarrollar el mercado de seguros multirriesgo agrícola consiste en establecer su contratación obligatoria. Si bien esta opción eliminaría los impactos de los fallos del Estado expuestos para las opciones previas, en su implementación deberían darse una serie de condiciones para su adecuado funcionamiento.
Dichas condiciones serían:
- libre competencia entre empresas aseguradoras, con el fin de que no se conformen monopolios ni oligopolios en la comercialización del seguro multirriesgo agrícola, ni existan elevadas barreras de ingreso para las nuevas empresas aseguradoras que deseen participar de este mercado. Esta condición sería necesaria para lograr la reducción de la
prima y el ofrecimiento de un buen servicio;
- elaboración de un mapa de riesgo climático desde el Estado Nacional que delimite las diferentes zonas de riesgo y defina una tasa de referencia para cada una de ellas. En función de este mapa, las empresas aseguradoras deberían brindar cobertura en todo el territorio nacional, de forma sistemática, cumpliendo la condición de que por cada peso asegurado en la zona núcleo se cuente con un peso asegurado en áreas marginales. De esta forma, se evitaría que la mayor parte del mercado de las empresas aseguradoras se concentre en aquellas áreas con menores posibilidades de sufrir condiciones climáticas adversas severas;
- reducción de las primas que pagan los productores, como consecuencia de la diversificación geográfica de los riesgos ante la obligatoriedad del seguro (y de la libre competencia entre empresas);
- participación del sector agropecuario en la planificación del sistema de seguro multirriesgo agrícola obligatorio, ya que es quien mejor conoce los riesgos a los que debe enfrentarse campaña tras campaña y, además, es quien finalmente afrontará los costos de contratación del seguro;
- imposición de un punto de control de la obligatoriedad.
En conclusión, se considera que la mejor manera de ampliar el alcance del seguro multirriesgo agrícola es estableciendo su obligatoriedad y, simultáneamente, el cumplimiento de las condiciones establecidas previamente. El entorno generado por éstas sería indispensable para que el seguro multirriesgo agrícola se consolide como una herramienta que brinde cobertura frente a las principales inclemencias climáticas, y no sea una obligación más de un conjunto numeroso y diverso de éstas que los productores agropecuarios deben costear año tras año.
