Cuando pedimos que le disminuyan la presión impositiva al sector agropecuario o que dejen de intervenir negativamente los mercados no se trata de un reclamo sectorial, como algunos funcionarios dicen, estamos reclamando un cambio de proyecto país.
Pensamos que un país en el que el setenta por ciento (70%) de lo recaudado en concepto de impuestos queda en poder de un gobierno "central", conforma una masa monetaria lo suficientemente fuerte como para manejar las voluntades de los gobernadores, de parte de la Legislatura y para la distribución de dádivas y subsidios, funcional a la captación de votos con fines absolutamente electoralistas, no tiene futuro.
Cuando observamos que un gobernador está obligado a alinearse políticamente con el gobierno nacional para lograr obras tenemos la impresión de volver a vivir la historia argentina del poder del "puerto".
Este círculo vicioso de extracción y poder unitario se acentúa aún más cuando observamos que la producción agropecuaria, que proviene en un ciento por ciento del interior del país y que tiene una carga impositiva de aproximadamente del 50% de sus ingresos brutos, cuando el promedio nacional de la presión impositiva es del 27%.
Estas cifras no sólo demuestran que no se cumple el enunciado de equidad y justicia al momento de recaudar, sino que reafirma el "antifederalismo" y se acentúa la transferencia monetaria desde un interior productivo postergado hacia un gobierno central ávido de poder.
Si a esta acción recaudatoria le agregamos la intervención negativa de los mercados por parte del gobierno nacional, se le incorpora a las variables propias del sector -climáticas, biológicas y de mercados- la inestabilidad política.
Estas intervenciones que se hacen con la excusa "de la defensa de la mesa de los argentinos", lo único que consiguen es una gran transferencia de dinero de la producción primaria a otros eslabones de la cadena, que sin achicar sus márgenes -en algunos casos engrosados con subsidios- hacen que en definitiva el consumidor argentino pague un precio superior por el pan, por la carne, por la leche y otros alimentos que lo que se pagan en otras partes del mundo.
Estas acciones cambian sin duda, las pautas de producción y tecnología del agro; nos llevan a producir más y mal; incentivan los cultivos de bajos costos, forzándonos a provocar los desequilibrios nutricionales del suelo y a no respetar las rotaciones, poniendo en riesgo nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Los argentinos estamos atrapados en un esquema "ideológico y de poder" que nos lleva a un desequilibrio productivo.
La política del gobierno actual hacia el sector agropecuario -de altas retenciones, de expulsar las vacas del campo y no querer transparentar el mercado ni reducir las retenciones en trigo y maíz- muestran que es él mismo el que incentiva la sojización.
La pregunta es: ¿cuánto perdemos "de futuro" con esta política del día a día?
Necesitamos, de manera urgente, una política nacional que abarque al interior y que promocione un sistema sustentable.
El país posee un cóctel terriblemente productivo: si al buen clima, a sus variados suelos, a la capacidad de las empresas de agroinsumos de ofrecernos tecnología, a la rápida absorción tecnológica del productor agropecuario, a la voluntad emprendedora de nuestros industriales de agroalimentos, le agregáramos una política de Estado estable y con reglas de juego claras, no hay dudas que en pocos años nuestro país duplicaría su producción de alimentos.
Nuestra propuesta no es sectorial, es abarcativa de lo nacional; en la búsqueda de un nuevo proyecto país, en el que el interior sea protagonista, no sólo como recurso extractivo sino como parte de una nación, está puesta nuestra esperanza para 2011.
