Un día después de haber sido objeto de una protesta contra una de sus plantas de acopio, la empresa Cargill rechazó las acusaciones de la Federación Agraria en su contra respecto de que se está beneficiando con las regulaciones que establece el Gobierno para el comercio de granos.

En una nota que el presidente de la filial argentina de Cargill, Hugo Kranj, le envió al titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, la firma de origen norteamericano sostuvo que "no existió ni existe" acuerdo alguno con el Gobierno para perjudicar a los productores. Por el contrario, Cargill se declara víctima de "un acoso permanente por parte de la AFIP", en referencia a los allanamientos que hubo en la empresa por parte del organismo recaudador para investigar supuestas maniobras de evasión impositiva.

Además, la empresa sostiene que cayó su participación como exportadora de trigo desde el 20 por ciento, en 2005, a un promedio de entre 15 y 16 por ciento entre 2009 y 2010. La carta no se limita a los granos. Admite, elípticamente, que la política de carnes, que maneja el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, también le provocó perjuicios. "Habiendo adquirido en 2004 una actividad frigorífica con óptimas perspectivas de crecimiento (por Finexcor), ya hemos tenido que capitalizar ese negocio para cubrir las pérdidas registradas desde el año 2006 hasta la fecha", le escribió Kranj a Buzzi.

Respecto de la distorsión en el mercado de trigo, el presidente de Cargill defendió la necesidad de la competencia en el mercado de granos. Sostuvo que "la fluidez de las exportaciones y la más amplia competencia entre oferentes y demandantes en el mercado granario son la mejor herramienta para que el productor obtenga mejores precios por su cosecha (como lo demuestra desde hace meses el sobreprecio respecto del FAS teórico que se ha venido abonando por la soja durante la mayor parte de 2010 y de 2011 hasta la fecha, buena parte de la cual fue sembrada inmediatamente de cosechado el trigo), y sin que ello ponga en riesgo el mercado doméstico".

También alude a las restricciones que impone el Gobierno con el sistema de Registros de Operaciones de Exportación (ROE), al afirmar que es "absolutamente ilógico que una empresa exportadora adquiera granos ignorando si algún día podrá exportarlos y por qué volumen".

Kranj, además, expresó el malestar de Cargill contra Buzzi y el resto de la dirigencia rural por las acusaciones en su contra. "Roza ya el hartazgo y resulta incomprensible y cuestionable su permanente mención a nuestra empresa como beneficiaria de un supuesto acuerdo con el Gobierno en perjuicio de los productores", y subraya que "tal acuerdo jamás existió ni existe".