Por Alejandra Gallo
Con algunos productores agropecuarios preparados para actuar, el acuerdo social
entre Gobierno, empresarios y sindicalistas está un poco más frío. Por ahora los
encuentros entre la cúpula de la CGT, que conduce Hugo Moyano, y la de la Unión
Industrial, que preside Héctor Méndez, están sin fecha precisa por diversas
razones.
Al parate que imponen las vacaciones se suman definiciones políticas internas en el seno de ambas entidades que podrían tomarse recién en marzo.
Una fecha en la que, además, ya estarían más claros otros indicadores clave como la inflación, las pautas salariales 2011 y si el Gobierno (como se rumorea por estos días en los vacíos pasillos de la Casa Rosada) lograría contener los reclamos salariales que el líder camionero ya anticipó arrancarán en un piso del 30% a cambio de una suba ( sería la más alta hasta ahora ) en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
También están fríos los acuerdos sociales sectoriales . Hubo algunos intentos por avanzar en un arreglo para el sector automotriz (que rompió todos los récords de venta, producción y exportación en el 2010) pero quedaron truncos con el estallido del conflicto petrolero en el sur. Y, finalmente, las gestiones derivaron en incipientes presiones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para que los precios de autos medios y de alta gama no suban más de un 10% este año.
La Mesa de Enlace inauguró la agenda empresaria 2011. En la reunión del miércoles hubo encendidos debates dentro de la Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CRA. Cuando las entidades estaban a punto de anunciar una medida de fuerza para el trigo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, casi a la medianoche del martes les envío una carta convocándolos a un encuentro el próximo 12 de enero. La Mesa de Enlace venía pidiendo un encuentro por carta desde el 19 de noviembre. Por eso l a repentina aceptación de la reunión por parte del Gobierno despertó muchas suspicacias entre los dirigentes y productores agropecuarios y también mucha bronca que, al menos hasta ahora, se habría podido contener en esa acalorada reunión del miércoles pasado.
“ Una vez más quisieron forzarnos a una situación de ruptura”, se quejó Carlos Garetto (Coninagro), mientras se debatían tres posturas . Una era no concurrir a la reunión; la más extrema: anunciar una medida de fuerza a pesar de las insistentes llamadas telefónicas de los secretarios de Domínguez para garantizar la concurrencia de la Mesa de Enlace a la convocatoria oficial.
Por último, Hugo Biolcati (Rural) propuso, con éxito, que se concurriera a la reunión de la semana próxima para tener una respuesta oficial.
Dentro del sector hay productores de trigo y molineros enfrentados y algunos pocos que poseen la doble condición.
El sector protesta por el precio encorsetado para los productores desde hace 5 años y porque los permisos de exportación (ROE) se abren con cuentagotas y beneficiando a “los amigos del poder ”. Algunos dirigentes recordaron en la maniobra actual de Domínguez, la estrategia que el mismo funcionario desplegó en el encuentro anterior que mantuvo con la Mesa de Enlace. Fue el 23 de marzo del año pasado, cuando la reunión se extendió hasta la una de la madrugada para pasar revista a los problemas del sector. Entre otros, ya por entonces figuraba el caso del trigo.
Los productores tienen pocas expectativas por este encuentro y ya planean medidas de fuerza como un cese en la comercialización del trigo, concentraciones frente a molineros y cerealeras y una pegatina de afiches similares al que en su momento se hizo para la carne.
En este caso, el sector buscará explicar cuánto de lo que se paga hoy por el kilo de pan llega al bolsillo del productor. (El primer boceto de lo que se verá en la vía pública en horas salió del puño del titular del CRA, Mario Llambías).
El Gobierno, por su parte, saca cuentas. Al margen de los reclamos de los productores sobre el trigo (que Domínguez no comparte) en Agricultura saben que por estas horas se define la suerte de toda la cosecha, incluyendo a la soja. La sequía y las altas temperaturas pondrían en riesgo los volúmenes originalmente previstos y unos 3.000 millones de pesos que no ingresarían a las arcas fiscales por menores volúmenes exportados y, entonces, menos retenciones. Cuando el Gobierno mira los números 2011 también apunta a otra “sequía”.
Aunque la economía crece, las inversiones privadas no asoman . Por eso, una salida por esta vía al conflicto con Edesur aplacaría los ánimos.
Aunque en el entorno más duro del Ministerio de Planificación, que comanda Julio De Vido, aún piensan en ejecutar un cambio en la concesión, el conflicto tendría una vía de escape. Vendría a través de un gesto político de los accionistas italianos en los próximos días para ratificar la voluntad de continuar en el país y de no ceder el management. Una foto de una nueva inversión aportaría rédito al Gobierno en un año electoral. De todos modos, hasta ahora ningún empresario K concretó una oferta para adquirir la empresa.
Lo que hizo estallar los ánimos oficiales fueron las imágenes que la presidenta Cristina Kirchner vio por televisión desde el Sur con manifestaciones y cacerolazos en Capital . Cristina ordenó y De Vido accionó. El Gobierno y el ENRE ya tenían números para reforzar el malestar oficial. Edesur quiso repartir dividendos por 167 millones pesos y el Gobierno lo bochó. Para la empresa fue una decisión arbitraria dado que otras compañías tuvieron avales para eso hacer lo mismo; entre otras, Telefónica, YPF y Gas Natural.