Hace más de tres años que los Kirchner propusieron que el Indec, el faro estadístico del país, era más valioso -en términos políticos- estando apagado o, mejor aún, iluminando sólo lo que alentara la maquinaria proselitista del Gobierno.

Hoy el Congreso está legislando para el futuro. El período transcurrido desde el 29 de enero de 2007 gestionado hasta la actualidad por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, será siempre un profundo bache para la historia argentina. Ni el juez Rodolfo Canicoba Corral ni ningún legislador de un espacio político cuyo referente piense con seriedad en 2011 ordenará que se revisen y corrijan las estadísticas falseadas.

Ningún eventual presidente aceptará hacer frente a juicios millonarios contra el Estado de grupos de bonistas, empresas, sindicatos y particulares. El daño ya está hecho y los platos rotos los pagarán los Kirchner o no se pagarán.

El objetivo para intervenir el Indec fue político. Luego de cierta estabilidad durante la gestión económica de Roberto Lavagna y pese a los controles de precios, a fines de 2005 la inflación se aceleraba. Las elecciones de 2007 estaban en la mira y había que retener el poder. Los números de la economía, y su aplastante uso electoral, siempre fueron una obsesión del matrimonio para fundamentar "su relato" de la realidad no mediado por el periodismo crítico.

La justificación "patriótica" -los bonos ajustados al CER lanzados por el propio Kirchner- buscó sólo seducir a parte de la izquierda transversal. El apoyo de ese espacio a la destrucción de la metodología, el falseamiento de los datos y la violación del secreto estadístico se diluyó cuando "la patota" violentó a los trabajadores del organismo.

El brazo de los Kirchner sobre el Indec dejó muchas víctimas. Los asalariados y jubilados vieron licuados sus ingresos por inflación. Con la pública intervención del organismo se fogoneó aún más la suba de precios mientras el Gobierno escondía la estafa opacando los datos. Mientras, miles de pobres e indigentes iban desapareciendo del mapa y el país perdía información clave para desarrollar cualquier tipo de política económica y social.

En un cuasi default que minó la credibilidad del país, los bonistas perdieron más de US$ 2500 millones de lo efectivamente pagado (no de la deuda en stock), según estimaciones privadas. Además se debió pagar más de lo debido por los cupones atados al PBI. La falta de confianza se materializó en la tasa avalada por el Gobierno (15% en dólares) a Hugo Chávez. La falta de información de la Argentina todavía veda un reingreso en el mercado voluntario de crédito a pesar de la reapertura del canje.

"Una cosa es que el Congreso controle y otra que quiera gestionar", dijo ayer Norberto Itzcovich, director del Indec y espadachín técnico de la intervención. "Es una herramienta del Poder Ejecutivo", completó Itzcovich sobre el instituto para justificar el presente. Itzcovich es un ascendente ex coordinador que se opuso en 2007 a la intervención y que luego asumió, de la mano del ministro de Economía, Amado Boudou, como director del Indec en 2009. En esos días, luego de una meteórica carrera, sentenció: "Tranquilos, hay Moreno para rato", en referencia al polémico secretario de Comercio. Por si hubiera dudas, se retrató durante un festejo de fin de año en la sede de San Telmo de Pueblo Peronista, la organización creada por Moreno.

Más de 180 personas fueron echadas, desplazadas u obligadas a renunciar durante la intervención. Con el desmantelamiento, según ATE, ingresaron más de 600 personas, entre ellas dos barrabravas de Nueva Chicago obedientes del Gobierno. Su próxima misión será realizar el Censo de Población 2010 a fines de octubre. Esos datos oscuros funcionarán todavía, durante la próxima década, como una radiografía de la Argentina.

180

Empleados del Indec

Es el número de los que fueron echados, desplazados u obligados a renunciar durante la intervención.