El Consejo de la Magistratura seleccionó ayer, por sorteo, a la diputada Diana Conti para investigar si el juez Norberto Oyarbide cometió alguna irregularidad al sobreseer a Cristina Kirchner y su esposo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada cuando el matrimonio declaró un incremento patrimonial del 158% durante 2008.
La reacción de los observadores fue destacar la buena estrella de Oyarbide. Le tocó una inquisidora consagrada al kirchnerismo. Sin embargo, si se observan algunos detalles, tal vez Conti sea más afortunada que su examinado. Muy simple: es la esposa de Enrique Dratman. Dratman es socio de Néstor Vázquez en la droguería Cofeme. Vázquez, ex gerente general de la Superintendencia de Salud durante la gestión de Héctor Capaccioli, es señalado por infinidad de fuentes del sector médico como el tejedor de la urdimbre de droguerías puestas bajo la lupa de Oyarbide, en la causa por la que está preso el sindicalista Juan José Zanola. A Vázquez, socio del marido de Conti, se lo señala como álter ego de Néstor Lorenzo -dueño de San Javier, la proveedora de remedios adulterados de la bancaria- y como autor intelectual del fideicomiso armado por Zanola para salvar su obra social.
Conti, entonces, es la conexión indirecta -y hay que suponer que involuntaria- de dos historias judiciales: la que investiga las relaciones sospechosas entre las droguerías, las obras sociales y el Estado, por un lado, y la del sobreseimiento de los Kirchner, por el que el eterno candidato peronista Ricardo Mussa pidió ayer el juicio político de Oyarbide. Será interesante observar si las pesquisas de Oyarbide avanzan sobre Dratman, Vázquez y sus empresas; y si las de Conti alcanzan a echar luz sobre el comportamiento de Oyarbide. ¿O la consejera terminará excusándose?
Este círculo curioso -sería prejuzgar decir "vicioso"- se suma a otras peculiaridades de la absolución de Oyarbide. Ya se ha vuelto célebre la decisión de incorporar como asesor del tribunal al contador de los Kirchner, que suscribió las declaraciones juradas que se estaban investigando. También la declaración de la Oficina Anticorrupción, que se excusó de analizar esos documentos porque involucraban a un superior jerárquico. Menos llamativa resulta la tasa de interés con que el Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi, remuneró los ahorros de los Kirchner. Según expertos con acceso a la causa, la Presidenta y su esposo habrían recibido una recompensa entre 2,5 y 15 veces mayor que el común de los ahorristas. ¿Se trató de una dádiva? ¿En concepto de qué se la proveía? (el derecho penal no define la dádiva por las expectativas de quien la entrega sino por el cargo público de quien la recibe). Son preguntas que, al parecer, Oyarbide no se formuló, pero que podrían tener varias respuestas, además de la excentricidad financiera.
Hay otras incógnitas que se despejarán en los próximos días. Por ejemplo, si el fiscal Eduardo Taiano, tal como aseguran algunos allegados a él, apelará el fallo del juez. O si lo hará el fiscal de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles.
Son decisiones relevantes, ya que la Argentina firmó tratados internacionales de combate de la corrupción que obligan a un especial rigor en este tipo de casos. También es cierto que un rasgo de la cultura política nacional es que jamás se sanciona a un funcionario en ejercicio. Desde la institución colonial del Juicio de Residencia se consagró ese criterio: el desempeño de los hombres públicos se realiza una vez que han dejado el cargo. Ya lo dijo el jurisconsulto Alfredo Yabrán: "El poder es impunidad".
