En esa ley el plazo mínimo de arrendamiento es de tres años y ello debido a una reforma de muy vieja data ya que el plazo primigenio fue de cinco años y precisamente se reformó por ser demasiado largo.
Ahora bien, en los proyectos de ley de arrendamientos rurales que últimamente circulan por el Congreso de la Nación se busca volver a un plazo mínimo de cinco años y en algunos casos con opción a prórroga con la sola voluntad del arrendatario.
Deberíamos preguntarnos por qué en la actualidad el plazo por el que se contrata es más corto aún que el de la actual ley. Normalmente se hacen contratos por una sola cosecha y puede haber (digo puede haber por que no siempre lo hay) riesgo de degradación del suelo por uso intensivo y sin rotación en arrendamientos de tan corto plazo. La respuesta es muy simple, nadie en este país productor rural o lo que sea, se arriesga a hacer ninguna actividad productiva o comercial a largo plazo, por que no sabe qué va a pasar en meses o a veces en semanas. Entonces, mal puede algún productor rural embarcarse en un contrato a cinco años cuando no sabe siquiera qué retenciones tendrá para la cosecha –pobrísima por cierto debido a la sequía- que realizará en el mes de diciembre o si le permitirán o no exportar la carne que tarda cuatro años como mínimo en inversión para producir.
Los argentinos siempre queremos inventar la rueda en vez de usar la que ya se inventó. En ningún país del mundo se utiliza el sistema que se usa en este país. Si hay plazos determinados para los arrendamientos, lo es acompañados con una ley de política agropecuaria a no menos de cinco años como es la “agricultural law” americana. Esta ley no puede ser modificada salvo o por cuestiones de catástrofe o emergencia –me refiero a emergencia en serio no como la de aquí donde todos los años hay una, allá puede ocurrir una cada veinte o más años- y si no sólo se puede variar para mejorar las condiciones a favor del productor. Además, cuando esta ley se modifica, no hay subas del cincuenta por ciento o más, las variaciones sobre cuestiones relativas a la producción son paulatinas y no llegan al diez por ciento en todo el tiempo que dura la ley (o sea cinco años). De esta forma es fácil poder hacer una proyección de las inversiones y la producción y se reduce drásticamente todo mal uso del suelo ya que los arrendatarios no tienen problemas en planificar su negocio y su rentabilidad.
Mientras queramos conseguir por la fuerza lo que la naturaleza no da por las buenas, jamás podremos progresar y seguiremos queriendo reinventar la rueda.
Por Javier Reigada - Abogado
