En la primera se debate si el Estado puede votar en las asambleas de accionistas de las empresas en las que la Anses se quedó con acciones cuando el Gobierno liquidó el sistema de jubilaciones privado. Y aquí hay argumentos para un lado y para el otro.

El Estado dice que le asiste un derecho que antes no tenían las AFJP. Mientras el régimen anterior sobrevivía, las administradoras no podían hacer valer sus derechos por más de un 5% del total. Dicho de otra forma, por más que las tenencias superaran ese porcentaje, las AFJP no podían votar por más del 5 por ciento. En la práctica, ese porcentaje jamás alcanzaba para sentar un director en la mesa de las decisiones.

Pero ese régimen no existe más y las AFJP, antiguas tenedoras de acciones, pasaron sus activos a la Anses. La ley de estatización del sistema jubilatorio introdujo un artículo mediante el cual el Estado tenía las mismas limitaciones que las administradoras. Quedaron vigentes los artículos que establecían que no se podía votar más allá de aquel límite.
Biblioteca dividida

La Anses tiene ahora acciones en alrededor de 35 empresas, y en mucho de esos casos, posee más del 5%. ¿Qué sucede ahora? Que el Estado ejerce el llamado "voto acumulativo", un instrumento que ofrece la ley de sociedades a los accionistas minoritarios para que puedan tener una representación de un tercio de los cargos del directorio.

Como dicen los abogados, la biblioteca está dividida. Hay quienes dicen que rige aquella restricción. Otros, en cambio, consideran que de mantenerse, se vulnera el derecho que tiene el accionista minoritario.

Por ahora no se ven planteos judiciales. La pregunta es qué podría pasar si alguna de las empresas decide golpear las puertas de la Justicia para que sea un juez el que decida la cuestión. Por ahora, no hay intentos.

Mientras algunos se dan a esta discusión jurídica, la Anses tomó una decisión política: está dispuesta a intervenir más en el sector privado y a nombrar todos los directores que pueda en todas las empresas en las que tenga participación accionaria.

Los efectos no son menores. Si bien no tendrá mayoría propia en ninguna de las compañías, el Estado ejercerá su voz y su voto en las cuestiones internas y tendrá derecho conocer la información de todos los números de la empresa. El asunto se agrava en algunos sectores, como en el de los servicios públicos. Sucede que además de accionista, el Estado es regulador. Y tener al regulador en la mesa de las decisiones no es una situación sencilla.