La sospecha sobre la integridad moral de los gobiernos y de los gobernantes no es nueva en la Argentina, ni privativa del gobierno de los Kirchner. Se sabe que la media de la sociedad argentina presume o está convencida de que los que se instalan en el poder roban.

Obviamente, un país en donde los que gobiernan roban no puede llegar a buen puerto de por sí. Pero, además, si los ladrones son burros el tema se hace doblemente grave.

En ese sentido, el gobernador de La Rioja acaba de decir que el hecho de que el gobierno federal reparta parte de su ingreso por retenciones a la soja es una señal del “país federal”. En sus propias palabras, dijo frente a la pregunta sobre qué le parecía la medida: “Bueno… ése es el país federal…”.¡No, Beder Herrera, no! Ése no es el país federal, ése es el país unitario. El país federal, el que organizó la Constitución, es el que hace de las provincias, entre ellas la suya, jurisdicciones autónomas y dignas, casi independientes del poder central que retienen la gracia de la vida propia, de la creatividad autóctona y, por supuesto, de la responsabilidad sobre sí mismas.

El país federal es aquel cuyas provincias (o estados, como en realidad deberían llamarse) no andan limosneando una moneda al poder central; el país federal es aquel en donde las provincias tienen lo suficiente de lo que hay que tener (todos sabemos a qué me refiero) para ser autosuficientes, para ser creativas, para atraer trabajo e inversión propia, para ser un Estado de verdad con todas las letras y no meras dependencias administrativas de un gobierno central unitariamente constituido.

Esta destrucción de la dignidad del interior a cambio de plata no es nueva, aunque cada vez que se la verifica no deje de revolver las tripas de todos los ciudadanos del interior que se precian de tales y que no se sienten representados por parásitos rastreros dispuestos a vender el orgullo de su provincia a cambio de que un puñado de billetes le resuelva su vagancia.

Cuando el país, en 1932, reinició su camino de fascismo instituyendo el impuesto a los réditos, por el que se transformó en punible el trabajo lícito, ya se dio esta discusión cuando el engendro legal que lo creó propuso por primera vez en el país el inconstitucional sistema de coparticipación de impuestos. Pese a que la mayoría oficial logró imponer la medida que el país carga sobre sus espaldas desde entonces aunque fue presentada como “de emergencia”, hubo muchos diputados dignos que defendieron las autonomías provinciales con una hombría de la que hoy carece el gobernador de La Rioja, entre muchos otros, naturalmente.

Decía en aquella oportunidad el senador entrerriano Atanasio Eguiguren: “La consecuencia de este impuesto será el empobrecimiento de las provincias, el desquicio de sus rentas y el motivo de que tengan que venir a mendigar al gobierno central que las sustituya en el cumplimiento de los servicios que ellas se han reservado para si por la Constitución. El artículo 4 de la Ley Fundamental dice claramente cuales son los recursos que puede usar el Tesoro Nacional. Las demás contribuciones excepcionales a que se refiere ese artículo son las que la Constitución consigna en el artículo 67, inciso 2, y esos extremos no concurren para nada en las presentes circunstancias. El recurso en discusión, en consecuencia, debe ser descartado. Y para el caso que se apruebe el proyectado reparto, también inconstitucional, entre la Nación y las provincias, desde ya adelanto que la provincia de Entre Ríos renuncia a todas las participaciones y a cualquier compensación de carácter pecuniario”. Eso es un ciudadano senador del interior defendiendo lo que le pertenece.

O el gobernador Etchevehere, de la misma provincia, que en una nota a su colega de Santa Fe, el doctor Molinas, le dice: “La situación de subordinación excesiva que generan las compensaciones en el curso deprimente de los subsidios, arruina el concepto de la personalidad política de los Estados Federales y nos aproxima cada día más al centralismo gubernamental que no es el de la Constitución… Hemos hecho del gobierno central un organismo excesivamente poderoso, factor principal de las perturbaciones que soporta la Nación”.

Parece ser que siempre son Entre Ríos y sus hombres la provincia y la sociedad llamada a poner delante de la república la defensa contra el totalitarismo y el fascismo de Estado, desde Urquiza a De Angeli.

Las palabras de Beder Herrera prueban que en el mejor de los casos es un ignorante, en el sentido técnico del diccionario, es decir, que ignora lo que dice la Constitución y cuál es el espíritu con el que organizó el país. Y en el peor que es un cínico más, también en el sentido técnico del diccionario, es decir, que tiene la desvergüenza de querer hacer pasar una cosa por otra; de querer hacer pasar lo que es una medida para profundizar el enfrentamiento y el odio por un lado y de hacer caja electoral por el otro, por una medida que reivindica el valor federal que la Constitución le dio a las provincias y que gobernadores, como Beder Herrera, se han encargado de convertir en un conjunto indigno de limosneros vendidos al mejor postor.